El Pleno del Congreso no aprobó el informe que recomendó acusar e inhabilitar por 10 años, a la congresista María Cordero Jon Tay, a quien se atribuye el delito de concusión por haber recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho.
Las recomendaciones de sanción hacia la legisladora electa por Fuerza Popular se votaron de forma separada, pero ninguna logró los votos necesarios para su aprobación. El extremo referido a la formulación de causa penal contra María Cordero solo logró 48 votos, mientras que el pedido de inhabilitación solo tuvo la adherencia de 50 legisladores.
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Los cuestionamientos hacia la parlamentaria iniciaron en el 2023, luego de que se revelara que pedía hasta el 75% de los sueldos de los trabajadores de su despacho para su beneficio personal. La presión a sus colaboradores para que le entreguen una parte de sus remuneraciones era tal que exigió a uno de ellos que vayan a un cajero para que le dé su irregular abono.
También se acusó a la legisladora de exigir que sus trabajadores le hagan regalos caros y que realicen labores ajenas a su función, tales como hacer sus compras y fungir de sus choferes particulares.
Al borde del llanto, María Cordero Jon Tay tomó la palabra para defenderse ante la representación nacional, pidiendo que no la sancionen debido a que ya había sido suspendida por 120 días por la Comisión de Ética por este mismo caso.
