El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano, una reforma que busca adecuar la legislación nacional a los compromisos asumidos por el país tras la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La iniciativa, respaldada por 63 votos a favor, responde también a una exhortación formulada por el Tribunal Constitucional (TC), que había advertido la necesidad de regular de manera expresa esta figura penal dentro del ordenamiento jurídico peruano.
La propuesta legislativa busca cerrar un vacío normativo y establecer con claridad los elementos que deberán concurrir para que estos delitos puedan ser investigados y sancionados.
La reforma incorpora un nuevo capítulo en el Código Penal
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría, explicó que la iniciativa incorpora un nuevo capítulo dedicado a los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal.
La propuesta establece tres requisitos fundamentales para la configuración de estos crímenes. En primer lugar, que formen parte de un ataque generalizado o sistemático; en segundo término, que estén dirigidos contra la población civil; y finalmente, que el autor actúe con conocimiento de dicho ataque.
Según el legislador, la modificación permitirá armonizar la legislación peruana con los estándares internacionales y brindar mayor seguridad jurídica a los operadores del sistema judicial.
Lesa humanidad: el Congreso busca evitar interpretaciones extensivas
El autor del proyecto, el congresista Fernando Rospigliosi, sostuvo que la incorporación expresa de este delito permitirá atender las recomendaciones del Tribunal Constitucional y evitar interpretaciones que puedan afectar el principio de legalidad.
El parlamentario argumentó que la ausencia de una tipificación específica ha generado controversias en distintos procesos judiciales, por lo que consideró necesario establecer reglas claras para la aplicación de la norma.
Añadió que la reforma fortalecerá la predictibilidad del sistema de justicia y reducirá los márgenes de discrecionalidad en la interpretación de este tipo de delitos.
Parlamentarios destacan la seguridad jurídica
Durante el debate, diversos congresistas expresaron su respaldo a la iniciativa.
El legislador Alejandro Muñante señaló que la inexistencia de este delito dentro del Código Penal ha generado vacíos normativos que debían ser corregidos mediante una regulación expresa.
Por su parte, Alejandro Cavero enfatizó que la administración de justicia debe sustentarse en el respeto al debido proceso y al principio de legalidad, destacando la importancia de brindar garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
En la misma línea, Roberto Chiabra recordó que ninguna persona puede ser denunciada, procesada o condenada por una conducta que no haya sido previamente tipificada y sancionada por la ley.
El Estatuto de Roma y la adecuación de la legislación peruana
El Estatuto de Roma, tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional, establece la obligación de los Estados parte de adecuar sus legislaciones internas para perseguir delitos considerados de extrema gravedad.
Entre ellos figuran el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, considerados imprescriptibles por el derecho internacional debido a su gravedad y a su impacto sobre la población civil.
Con esta modificación, el Perú busca fortalecer la compatibilidad entre su legislación interna y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
Sin embargo, la aprobación definitiva aún deberá esperar una segunda votación parlamentaria.
En resumen
La aprobación en primera votación de la incorporación de los delitos de lesa humanidad al Código Penal representa un paso importante en la adecuación de la legislación peruana a los estándares internacionales. El debate, no obstante, también evidencia la necesidad de equilibrar la lucha contra la impunidad con el respeto irrestricto al principio de legalidad y al debido proceso, pilares fundamentales de cualquier Estado democrático.