Congreso expresa condolencias por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

El legislativo peruano lamentó el fallecimiento del parlamentario y precandidato presidencial colombiano, víctima de un atentado en Bogotá. Su partida ha generado conmoción política en la región.

por Edgar Mandujano

El Congreso de la República del Perú expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de Colombia, por su sensible fallecimiento.

Uribe Turbay, de 39 años, murió el lunes 11 de agosto tras más de dos meses en estado crítico, consecuencia de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, a través de redes sociales, en un mensaje en el que destacó su amor y compromiso familiar.

Abogado de profesión y miembro del partido Centro Democrático, Uribe Turbay era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en los años 90. En su trayectoria política se desempeñó como concejal y secretario de Gobierno de Bogotá, además de postular a la Alcaldía Mayor en 2019. Desde 2022 era senador y se perfilaba como uno de los aspirantes presidenciales más fuertes para 2026.

El atentado que finalmente le costó la vida se produjo a la salida de un evento político en el norte de Bogotá. Sujetos armados le dispararon en la cabeza, provocándole graves lesiones neurológicas. Hasta ahora, las autoridades no han identificado a los responsables, aunque se manejan hipótesis sobre la participación de crimen organizado o grupos armados ilegales.

Líderes políticos, organismos internacionales y ciudadanos han lamentado su partida, coincidiendo en que su muerte representa una pérdida para la democracia colombiana y un llamado urgente a reforzar la seguridad de líderes y candidatos.

En el Perú, el pronunciamiento del Congreso se suma a la cadena de mensajes de solidaridad que han llegado desde distintos países de la región. La violencia política, que persiste en Colombia pese a acuerdos de paz, continúa siendo una amenaza para el ejercicio democrático.

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