La propuesta legislativa presentada por la congresista Elizabeth Medina plantea penas de hasta 10 años de prisión para quienes oculten su identidad en manifestaciones con disturbios y sanciones para quienes involucren a menores o personas con discapacidad.
Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República ha reabierto el debate sobre los límites del derecho a la protesta y la responsabilidad penal de quienes participen en actos de violencia durante manifestaciones públicas. La iniciativa, impulsada por la parlamentaria Elizabeth Medina, del partido Somos Perú, propone penas de cárcel y sanciones administrativas para quienes cubran su rostro o incluyan a menores de edad o personas con discapacidad en protestas donde se registren disturbios o daños a la propiedad pública.
El texto, presentado esta semana ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, plantea una modificación al Código Penal que permitiría castigar con hasta 10 años de prisión a quienes oculten su identidad en contextos de violencia. La propuesta busca, según su autora, facilitar la identificación de responsables y reducir los niveles de impunidad en las investigaciones posteriores a manifestaciones.
Cambios propuestos en el Código Penal
El proyecto modifica dos artículos del Código Penal: el artículo 315, que regula el delito de disturbios, y el artículo 452, que incorpora faltas contra el orden público.
En el primer caso, se añade una agravante para quienes participen en disturbios ocultando el rostro mediante capuchas, máscaras u otros medios, lo que elevaría la pena a entre ocho y diez años de prisión, además de una multa de entre 365 y 500 días.
En el segundo punto, la iniciativa introduce sanciones no privativas de libertad para quienes lleven a menores o personas con discapacidad a protestas donde se produzcan actos violentos. En esos casos, los infractores podrían ser condenados a cumplir entre 20 y 40 jornadas de servicio comunitario, o recibir multas de hasta 90 días, según la gravedad de la falta.
Casos recientes que motivaron la propuesta
Según la exposición de motivos, el proyecto se basa en dos protestas recientes con saldo violento: una ocurrida en octubre de 2025 y otra en diciembre de 2022, donde se registraron daños materiales, heridos y fallecidos.
El documento indica que en ambos episodios varios de los participantes ocultaron su identidad, lo que dificultó el trabajo de las autoridades para identificarlos y sancionarlos penalmente.
“El uso de máscaras, pasamontañas o prendas que cubran el rostro en manifestaciones violentas impide la individualización de los autores de delitos y genera un contexto de impunidad”, señala la propuesta legislativa. Para la congresista Medina, esta situación “no puede seguir normalizándose en un Estado de derecho”.
Comparación internacional: leyes en Canadá, Alemania y Estados Unidos
El texto también incluye un análisis de legislación comparada para justificar la medida. Cita como ejemplo las normas adoptadas en Canadá, donde desde 2013 se sanciona con hasta 10 años de prisión a quienes usen máscaras durante disturbios, así como en Estados Unidos, Alemania, Francia y España, donde el ocultamiento del rostro en manifestaciones ha sido restringido desde la década de 1980.
En países europeos, explica el documento, las restricciones se aplican principalmente en contextos de alteración del orden público, y no limitan las protestas pacíficas. De forma similar, la iniciativa peruana afirma que “no se busca criminalizar la protesta”, sino “garantizar la seguridad de los manifestantes y de la población en general”.
¿Limita el derecho a la protesta?
El debate sobre la constitucionalidad de la medida ya empezó entre los especialistas. Algunos juristas advierten que la norma podría afectar el derecho a la libre reunión y expresión, reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, si no se precisan los límites de su aplicación.
Otros, en cambio, consideran que la iniciativa no prohíbe manifestarse, sino que busca penalizar las conductas delictivas que se amparan en la protesta social. “El proyecto no restringe marchas pacíficas, sino actos de violencia o vandalismo”, se lee en la exposición de motivos.
Además, se subraya que el derecho a la protesta no es absoluto, y que puede restringirse “cuando se vulneran los derechos de terceros o se pone en peligro la seguridad pública”.
Proteger a los más vulnerables
Uno de los ejes más destacados del proyecto es la protección de menores y personas con discapacidad. El texto considera que la exposición de estos grupos en manifestaciones con riesgo de violencia vulnera su integridad física y emocional.
“En varias protestas recientes se ha observado la participación de menores, incluso en escenarios donde hubo enfrentamientos con la policía”, indica la propuesta. Por ello, se plantea sancionar a quienes los lleven o autoricen su presencia con multas o servicio comunitario.
El objetivo, según la autora, es “garantizar que el ejercicio de derechos no implique poner en peligro a quienes deben ser especialmente protegidos por el Estado”.
Antecedentes legislativos y viabilidad
La iniciativa de Elizabeth Medina recuerda proyectos similares que fueron presentados en 2018, pero no llegaron a debatirse en el Pleno. En ambos casos, el argumento principal fue la necesidad de identificar a los responsables de actos violentos durante manifestaciones, aunque entonces las críticas se centraron en el riesgo de vulnerar derechos fundamentales.
Esta vez, el proyecto aclara que no generará impacto económico para el Estado, pues solo implica modificaciones legales, sin requerir nuevas estructuras ni presupuestos adicionales.
Si la comisión dictamina a favor de la propuesta, el texto pasará al Pleno del Congreso, donde necesitará mayoría simple para su aprobación.
Debate en puerta
La presentación del proyecto ocurre en un contexto de alta conflictividad social y tensión política, con movilizaciones frecuentes en Lima y regiones por diversos reclamos ciudadanos.
Expertos advierten que el Congreso deberá delimitar claramente los alcances de la norma para evitar interpretaciones arbitrarias y salvaguardar el derecho a la protesta pacífica.
De aprobarse, el Perú se sumaría a la lista de países que penalizan el ocultamiento del rostro en manifestaciones violentas, en un intento por disuadir el vandalismo y proteger a la población más vulnerable.