La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un dictamen que busca uniformizar la fórmula de juramentación de los altos funcionarios del Estado, en cumplimiento del artículo 39 de la Constitución Política del Perú. Con 18 votos a favor y uno en contra, el grupo de trabajo presidido por Arturo Alegría García (Fuerza Popular) dio luz verde al Proyecto de Ley 4540/2022-CR, que establece un protocolo solemne y representativo para los actos de juramento en cargos públicos.
¿Por qué se busca regular la fórmula de juramentación?
El presidente de la comisión, Arturo Alegría, explicó que en los últimos años se observó una “ausencia de uniformidad” en la manera en que los altos funcionarios asumen sus cargos, generando incluso distorsiones por declaraciones de carácter político o proselitista.
El dictamen, por tanto, busca que el acto de juramentación sea eminentemente solemne, institucional y representativo, reafirmando su sentido constitucional y no partidario.
La iniciativa resalta tres elementos clave en la ceremonia:
- La mención del nombre del funcionario, como compromiso personal.
- La adhesión moral y personal de los funcionarios creyentes hacia su fidelidad a Dios.
- En el caso de los no creyentes, la posibilidad de reemplazar la invocación religiosa por una promesa a la patria.
La nueva fórmula: Dios o Patria
Uno de los aspectos más destacados del dictamen es que reconoce la laicidad del Estado peruano y el respeto a la libertad religiosa, incluyendo el derecho de no profesar ninguna fe.
Por ello, se propone una alternativa a la tradicional fórmula “Juro por Dios”, permitiendo que, a solicitud del funcionario, pueda reemplazarse por “Yo prometo por la Patria”.
La versión final del juramento quedaría redactada de la siguiente manera:
“Juro por Dios y por la Patria que ejerceré fielmente el cargo que me ha conferido la Nación, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú y defender la soberanía nacional e integridad territorial”.
Esta fórmula, según Alegría, devuelve al acto de juramentación su carácter simbólico y cívico, asegurando que represente “el verdadero compromiso con la Constitución y la Nación”.
Opiniones consultivas: límites a las comisiones investigadoras
Durante la misma sesión, la Comisión de Constitución debatió y aprobó dos informes de opinión consultiva relacionados con las competencias de las comisiones investigadoras.
Uno de ellos fue solicitado por la congresista Katy Ugarte Mamani (JP-VP-BM), quien preside la Comisión Investigadora sobre la Ejecución Presupuestaria de los Programas Sociales. La consulta buscaba determinar si una comisión investigadora puede crear grupos de trabajo internos.
La respuesta fue negativa: el grupo constitucional concluyó que “no es jurídicamente viable” la creación de subcomisiones dentro de una comisión investigadora. El informe fue aprobado por unanimidad con 18 votos a favor.
Caso Odebrecht y las citaciones en investigación
En paralelo, se debatió otra opinión consultiva relacionada con la Comisión Investigadora Multipartidaria que examina el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, presidida por Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular).
La consulta se refería a los límites de las citaciones, la negativa a declarar y los posibles cambios en la condición legal de los comparecientes. Sin embargo, las conclusiones quedaron en cuarto intermedio para una revisión más exhaustiva.
Tratados internacionales bajo control del Congreso
Otro punto relevante de la jornada fue la aprobación de dictámenes de control sobre varios Tratados Internacionales Ejecutivos, un mecanismo mediante el cual el Congreso supervisa los compromisos firmados por el Poder Ejecutivo.
Con 17 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se aprobaron los dictámenes de los tratados N° 36, 43 y 46.
Del mismo modo, con 15 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, se aprobaron los dictámenes de los tratados N° 38, 44 y 179.
Los acuerdos abordaban temas tan diversos como la prevención de la violencia contra la mujer, la promoción de la cinematografía y la protección de los servicios de polinización.
Nuevos proyectos de ley sustentados
La sesión también incluyó la sustentación de nuevos proyectos de ley. El congresista Carlos Anderson Ramírez (No Agrupado) presentó la Ley N.° 9234/2024-CR, que declara de interés nacional la incorporación del Santuario Histórico de Machu Picchu a la lista de activos críticos nacionales.
Por su parte, Karol Paredes Fonseca (Avanza País) sustentó el Proyecto de Ley N.° 10419/2024-CR, que propone modificar el Código Procesal Constitucional (Ley 31307) para otorgar al Tribunal Constitucional la facultad de seguimiento y supervisión en el cumplimiento de sus sentencias.
Implicancias del nuevo dictamen
Con esta decisión, la Comisión de Constitución sienta las bases para un protocolo uniforme en la juramentación de altos funcionarios, que podría aplicarse en los tres poderes del Estado y en organismos autónomos.
La medida busca reforzar el carácter institucional y neutral del acto, evitando expresiones políticas o religiosas que generen controversias.
La pregunta que ahora surge es: ¿será esta fórmula aprobada por el Pleno del Congreso y adoptada oficialmente antes del cambio de gobierno en 2026? De ser así, el acto de juramentación de ministros, magistrados, defensores del pueblo o presidentes del Congreso podría adquirir un tono más sobrio y cívico.