En una medida que marca un punto de inflexión en la política exterior y de seguridad del Perú, el Congreso de la República aprobó el miércoles 3 de septiembre declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa para el país. La moción, respaldada por 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, fue impulsada por los congresistas Jorge Montoya, Alejandro Cavero y Norma Yarrow.
La iniciativa busca alinear al Perú con naciones como Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, que ya han tomado acciones similares frente a este grupo delictivo. Más allá de la declaración simbólica, el Congreso exhortó al Poder Ejecutivo a tomar medidas concretas en los ámbitos de seguridad, defensa nacional y política exterior.
¿Qué es el Cártel de los Soles y por qué preocupa al Perú?
El Cártel de los Soles es una presunta organización criminal conformada por altos mandos militares y políticos venezolanos, con fuertes vínculos con el narcotráfico internacional. Su nombre proviene de las insignias en forma de soles que llevan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Distintas investigaciones apuntan a que sus integrantes han facilitado el transporte de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Europa y África.
Durante el debate parlamentario, el congresista Jorge Montoya sostuvo que la presencia y expansión de este tipo de redes representa una amenaza regional, no solo por su capacidad operativa, sino también por sus conexiones con otras estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
“Debemos sentar una posición al respecto para después generar los elementos que se requieren para defender nuestra soberanía e integridad, y evitar que la población se vea dañada por estas amenazas”, afirmó Montoya.
División en el Congreso: ¿intervención o prevención?
Aunque la moción fue aprobada por mayoría, el debate reveló posturas enfrentadas dentro del Congreso. Parlamentarios como Jaime Quito, Américo Gonza y Guido Bellido expresaron su rechazo a la medida, argumentando que se trata de una intromisión en asuntos externos y que no corresponde al Congreso legislar sobre política internacional de esa magnitud.
“No se debe permitir que intervengan a un país latinoamericano. El Congreso no debe involucrarse en temas ajenos a su competencia”, expresó Bellido, quien también cuestionó que Estados Unidos tenga intereses geopolíticos en Venezuela relacionados con sus recursos naturales, especialmente el petróleo.
Este contrapunto revela una tensión interna sobre cuál debe ser el rol del Perú frente a conflictos regionales, en especial cuando están atravesados por factores ideológicos y geoestratégicos.
¿Qué implica esta declaración para el país?
Aunque la declaración no autoriza acciones militares ni implica medidas inmediatas, sí abre una ruta para que el Ejecutivo implemente políticas activas frente a esta amenaza. Entre los posibles escenarios se contempla el refuerzo de la seguridad fronteriza, el intercambio de inteligencia con aliados, y una mayor cooperación en operaciones conjuntas para combatir el narcotráfico.
Asimismo, esta medida coloca al Perú en un marco de coordinación internacional con países que buscan enfrentar a redes criminales con estructuras transnacionales, muchas veces amparadas por Estados considerados autoritarios o fallidos.
En los últimos días, Estados Unidos ha desplegado una flota en el Caribe sudamericano como parte de su estrategia contra el narcotráfico en la región, lo que sugiere un escenario de creciente militarización en ciertos sectores.
Una posición geopolítica más firme
Con esta decisión, el Congreso también busca enviar un mensaje político sobre la posición del Perú frente al régimen de Nicolás Maduro y su supuesta connivencia con grupos criminales. Esta postura se alinea con un bloque regional que ha endurecido su política frente al gobierno venezolano, ya sea por preocupaciones democráticas, migratorias o de seguridad.
El alineamiento del Perú con países como Estados Unidos y sus aliados también podría tener implicancias diplomáticas, tanto en el plano bilateral como en foros regionales como la OEA o la CELAC.
