La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Arturo Alegría García (Fuerza Popular), debatirá este martes 4 de noviembre, desde las 10:00 a. m., el dictamen de reforma constitucional que permitiría ampliar el plazo de detención policial hasta 15 días naturales para los casos de sicariato y extorsión, delitos que actualmente se investigan bajo el régimen ordinario de 48 horas.
El proyecto, contenido en los dictámenes acumulados de las iniciativas 7777/2023-PJ, 9354/2024-CR, 12338/2025-CR, 12440/2025-CR, 12894/2024-CR, 12985/2025-CR y 5816/2023-CR, propone modificar los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al crimen organizado.
¿Por qué se propone ampliar el plazo de detención?
De acuerdo con el análisis de la comisión, el plazo actual de 48 horas resulta insuficiente para la investigación de estructuras criminales complejas, que operan con sofisticación tecnológica, anonimato y redes financieras transnacionales.
“Tanto el sicariato como la extorsión son manifestaciones del crimen organizado violento, caracterizado por el uso de cuentas bancarias falsas, testaferros, comunicación encriptada y movimientos financieros en el extranjero”, detalla el informe.
La propuesta también incluye el levantamiento del secreto bursátil, lo que permitiría rastrear los flujos financieros vinculados a las actividades ilícitas. De aprobarse, el cambio representaría una herramienta adicional para los fiscales y efectivos policiales en la lucha contra la delincuencia estructurada.
Beneficios del cambio constitucional
Según el dictamen, los beneficios de esta reforma serían múltiples:
- La PNP y el Ministerio Público dispondrán de más tiempo para recolectar pruebas y realizar pericias.
- Se reducirá la posibilidad de liberar sospechosos sin investigación suficiente, cerrando espacios de impunidad.
- El levantamiento del secreto bursátil permitirá investigar los nexos financieros del crimen organizado.
- El Poder Judicial contará con información más completa para sustentar las resoluciones y mejorar la coordinación interinstitucional.
En palabras de la comisión, el objetivo es “garantizar la eficacia de las investigaciones” y fortalecer la seguridad ciudadana frente a una criminalidad en alza que hoy desborda las capacidades del sistema judicial.
Sicariato y extorsión: una amenaza que se expande
El dictamen cita datos recientes de la Policía Nacional del Perú (PNP):
En 2024, se registraron 1,125 homicidios por sicariato, una cifra alarmante que se mantiene en ascenso durante 2025.
En paralelo, la extorsión continúa creciendo a ritmo acelerado.
Entre enero y septiembre de 2025, el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) reportó 20,705 denuncias, lo que representa un incremento del 28,8 % respecto al año anterior.
Los focos más graves se concentran en el Callao, Trujillo, Piura y Tumbes, regiones donde los cobros de cupos y amenazas armadas se han vuelto parte del día a día.
Un contexto de emergencia y presión pública
El debate se da en medio del estado de emergencia decretado en varias provincias del país, donde el sicariato y la extorsión han forzado al Gobierno a desplegar operativos conjuntos de la PNP y las Fuerzas Armadas.
Aunque las medidas de fuerza han reducido temporalmente los delitos violentos, los expertos advierten que sin cambios en la investigación penal y en el marco legal, la efectividad será limitada.
Por ello, el Congreso busca dotar al sistema de justicia de herramientas constitucionales que permitan investigar más a fondo y con rapidez los delitos de crimen organizado.
¿Qué sigue tras el debate en la comisión?
Si el dictamen es aprobado este martes, la propuesta será elevada al Pleno del Congreso para su discusión final. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá dos votaciones calificadas o una aprobación y ratificación en la siguiente legislatura.
La expectativa es alta, ya que se trata de una medida clave para enfrentar la violencia criminal que azota al país. El debate también pondrá a prueba la voluntad política de las bancadas para fortalecer el marco institucional sin vulnerar derechos fundamentales.