El Congreso de la República se prepara para discutir una de las propuestas más polémicas de su actual legislatura. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), debatirá este miércoles el predictamen del Proyecto de Ley 3309/2022-CR, que propone la creación del artículo 418-A del Código Penal para penalizar el delito de “persecución judicial”.
El proyecto, impulsado por la congresista Kelly Portalatino (también de Perú Libre), sostiene que existe una práctica recurrente en el país mediante la cual jueces y fiscales “instrumentalizan” la justicia con fines políticos, ideológicos o mediáticos. La iniciativa se ampara en la noción de lawfare —la judicialización de la política— y propone penas de entre cinco y ocho años de prisión para jueces, fiscales o autoridades que incurran en esta supuesta práctica.
¿Qué dice la norma?
La fórmula legal establece que:
“El juez, el fiscal o cualquier autoridad política o administrativa, que instrumentalice la justicia valiéndose de medios de prueba, de influencia política o ideológica, o de medios de comunicación que tergiversen los hechos reales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.”
El texto presentado por la Comisión es una versión modificada de una anterior, que establecía penas similares pero incluía términos más generales. La exposición de motivos cita los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina como ejemplos emblemáticos de lawfare en América Latina.
Críticas desde el sistema de justicia
Diversos juristas y representantes de organizaciones vinculadas al sistema judicial han cuestionado el proyecto. Para ellos, se trata de una figura ambigua, subjetiva y peligrosa, que podría ser usada como herramienta de represalia contra magistrados que investigan a políticos en ejercicio o a líderes partidarios.
La redacción es tan abierta que permitiría perseguir a quien acuse o investigue a una autoridad política con respaldo popular. Un tipo penal que puede tener efectos inhibitorios graves en fiscales anticorrupción o jueces penales
La propuesta busca tipificar algo que ya se encuentra sancionado —aunque con menos dramatismo— por figuras como el prevaricato o la detención arbitraria. Sin embargo, la inclusión del componente político e ideológico y la mención directa a los medios de comunicación la convierten en un instrumento de control peligroso.
Según el predictamen, la norma protegería la “recta administración de justicia”, así como la “imagen y honorabilidad” de políticos víctimas de instrumentalización judicial. No obstante, no establece criterios objetivos para determinar cuándo se ha producido esta instrumentalización ni cómo se distinguirá del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional.
Un contexto sensible
El proyecto se presenta en un momento crítico, en el que el Congreso y el Ministerio Público mantienen una relación tirante. Varios congresistas enfrentan investigaciones fiscales en curso, y la narrativa del “lawfare” ha sido adoptada por sectores que buscan desacreditar procesos judiciales por corrupción o lavado de activos.
Organismos como Proética y el IDL han advertido que iniciativas de este tipo forman parte de un proceso de regresión democrática, donde el Legislativo busca blindarse mediante reformas legales dirigidas contra jueces y fiscales incómodos.
Lo que viene
Si la Comisión de Justicia aprueba el predictamen, este pasará al Pleno del Congreso para su votación definitiva. La decisión sentará un precedente importante sobre los límites entre el control político del Congreso y la autonomía del sistema judicial.
La polémica está servida, y su desenlace marcará el tono de las relaciones entre los poderes del Estado en los próximos meses.
