El Congreso de la República inició el debate de un polémico proyecto de ley que propone eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) involucrados en muertes o lesiones ocurridas durante las protestas sociales de los últimos años. La iniciativa, presentada por el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, plantea una modificación directa al Código Penal que podría cambiar el curso de los procesos judiciales abiertos contra agentes del orden por los hechos registrados entre 2022 y 2023.
Propuesta de modificación al Código Penal
El texto legal busca incorporar un nuevo supuesto en el artículo 20 del Código Penal, estableciendo que los policías y militares quedarán exentos de responsabilidad penal cuando actúen “en cumplimiento de su función constitucional” y hagan uso reglamentario de sus armas o medios de defensa para proteger bienes públicos o la integridad de las personas.
De acuerdo con el documento presentado ante el Legislativo, el objetivo es “brindar seguridad jurídica” a los miembros de las fuerzas del orden, especialmente en contextos de protestas violentas o alteraciones del orden público. El congresista Rospigliosi argumenta que, sin una norma de este tipo, los efectivos enfrentan un riesgo constante de ser denunciados por cumplir con su deber.
“Se busca proteger a quienes defienden la paz interna del país y garantizar que no sean procesados injustamente por decisiones tomadas en circunstancias extremas”, señala el texto en su exposición de motivos.
Inmunidad y exoneración de reparación civil
Además de la inmunidad penal, el proyecto propone una modificación al artículo 92 del Código Penal. Esta disposición excluiría a los efectivos exentos de responsabilidad penal de la obligación de pagar reparación civil, incluso en los casos donde se haya producido la muerte o lesiones graves de civiles.
Según el proyecto, la reparación civil solo correspondería a quienes sean condenados penalmente, y no a aquellos que hayan actuado bajo el amparo de la norma propuesta. Con ello, se busca evitar que los agentes enfrenten procesos judiciales y sanciones económicas derivadas de actuaciones consideradas legítimas por el Estado.
Aplicación retroactiva: el punto más controversial
Uno de los aspectos más controvertidos del texto es la inclusión de una Disposición Complementaria Transitoria, que establece la aplicación retroactiva de la ley. Esto permitiría beneficiar a los policías y militares que ya se encuentran procesados o investigados por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte al poder.
La exposición de motivos recuerda que, durante ese periodo, se registraron bloqueos de carreteras, ataques a infraestructura pública y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Según la Defensoría del Pueblo, los hechos dejaron 48 fallecidos y decenas de heridos, además de procesos judiciales abiertos contra más de 280 policías y 47 militares.
La propuesta, en consecuencia, podría tener un impacto directo sobre esos casos, al eximir de responsabilidad penal a los agentes implicados y detener las investigaciones en curso.
Críticas y reacciones en el Congreso
El proyecto ha generado un intenso debate político y jurídico. Diversos sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han advertido que la norma podría representar una amnistía encubierta para quienes participaron en los operativos que derivaron en la muerte de manifestantes.
“Una ley de este tipo vulnera el principio de igualdad ante la ley y el derecho de las víctimas a la justicia”, señalaron representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Desde el oficialismo, sin embargo, se respalda la propuesta argumentando que los agentes del orden “no deben ser criminalizados por cumplir su deber”.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso será la encargada de evaluar la iniciativa antes de su posible debate en el Pleno, donde se prevé un enfrentamiento político de alta tensión.
¿Qué implicaciones tendría esta ley en el futuro?
De aprobarse, el proyecto podría sentar un precedente jurídico sin precedentes en la región, al establecer un régimen de inmunidad penal permanente para las fuerzas del orden en el cumplimiento de su deber. Expertos en derecho penal advierten que la medida podría interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos y abrir un vacío legal respecto a la rendición de cuentas del Estado.
En términos prácticos, los casos actualmente judicializados por las muertes en Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac quedarían archivados si los jueces aplican la retroactividad de la norma. Esto también implicaría que el Estado peruano podría enfrentar cuestionamientos en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Perspectivas y próximos pasos
El debate sobre la inmunidad penal de las fuerzas del orden llega en un momento en que el Congreso busca retomar la confianza de la ciudadanía, tras meses de cuestionamientos por la falta de reformas políticas y el distanciamiento con la agenda social del país.
Por ahora, la iniciativa de Fernando Rospigliosi será evaluada en las comisiones de Justicia y Defensa, donde se espera la opinión técnica del Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo antes de pasar al pleno legislativo.