La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes 29 de septiembre un informe clave que pone contra las cuerdas a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Con 17 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, el grupo parlamentario dio luz verde a la recomendación de inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos, acusándola de haber participado en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El informe fue sustentado por la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ahora deberá pasar al Pleno del Congreso, donde se definirá si la sanción contra Chávez se hace efectiva. La decisión se produce mientras la exministra enfrenta un juicio oral por rebelión, con comparecencia restringida y orden de impedimento de salida del país por 10 meses. La Fiscalía ha solicitado en su contra 25 años de prisión.
¿De qué se acusa a Betssy Chávez?
La denuncia constitucional, presentada por la congresista Patricia Chirinos, sostiene que Chávez vulneró los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, al tener participación activa en las acciones previas, durante y posteriores al intento de golpe encabezado por Pedro Castillo.
La acusación también subraya que, en su rol de presidenta del Consejo de Ministros, Chávez habría respaldado la decisión del exmandatario de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, medidas consideradas inconstitucionales.
Aunque Chávez no asistió a la sesión de la Comisión Permanente, su abogado Raúl Noblecilla acudió en su representación para exponer los alegatos de la defensa, cuestionando la falta de imparcialidad en el proceso y sosteniendo que no existen pruebas sólidas que acrediten la responsabilidad directa de su defendida.
Contexto político y judicial
El caso Chávez no es un episodio aislado. Forma parte de la serie de procesos derivados de la crisis política generada tras el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente enfrenta también cargos por rebelión y conspiración.
La situación de Chávez es particularmente delicada porque no solo afronta la vía judicial, sino también la vía parlamentaria, que puede cerrarle el camino a la función pública por una década. Este doble frente ha convertido su caso en uno de los más emblemáticos del período post-Castillo.
Actualmente, Chávez permanece bajo comparecencia restringida, con la obligación de no ausentarse del lugar de su residencia sin autorización judicial y con prohibición de salir del país.
¿Qué viene ahora?
El informe aprobado deberá ser debatido en el Pleno del Congreso. En caso de prosperar, se oficializaría la inhabilitación por 10 años, lo que significaría que Chávez no podría ocupar ningún cargo en el aparato estatal, ya sea de elección popular o de designación.
La congresista Lady Camones, en su calidad de presidenta de la subcomisión acusadora, será la encargada de sustentar el informe ante el Pleno. La decisión final dependerá de una mayoría simple de votos.
Mientras tanto, la defensa de Chávez insiste en que el proceso tiene un trasfondo político y busca neutralizar cualquier opción futura de la exministra en la vida pública.