La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso continúa depurando la carga de procesos pendientes mientras acelera la resolución de casos que involucran a altos funcionarios y parlamentarios. En una nueva sesión presidida por la congresista Lady Camones, el grupo de trabajo aprobó declarar improcedentes diversas denuncias constitucionales y avanzó en el procedimiento que involucra a la legisladora Magaly Ruiz.
Las decisiones adoptadas evidencian los límites constitucionales que tiene este mecanismo parlamentario, cuyo alcance se restringe exclusivamente a los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución.
La sesión también permitió definir los siguientes pasos del proceso acumulado contra Magaly Ruiz, uno de los expedientes que ha generado mayor atención política en el Parlamento.
Subcomisión declara improcedentes tres denuncias constitucionales
Uno de los casos evaluados fue la Denuncia Constitucional 684, presentada por Ítalo Ísmodes Bustamante contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana y la fiscal adjunta suprema Elia Cecilia Hinojosa Cuba.
La denuncia señalaba una presunta omisión o retardo en actos funcionales, además de supuestas infracciones constitucionales relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el informe concluyó que los hechos denunciados no alcanzaban el estándar mínimo exigido para configurar una infracción constitucional o un delito de función.
Además, la subcomisión precisó que la fiscal adjunta suprema denunciada no está comprendida dentro del grupo de altos funcionarios sujetos a antejuicio político, por lo que el órgano parlamentario carece de competencia para procesarla bajo este mecanismo.
Los legisladores remarcaron que la decisión no representa un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto ni determina responsabilidades penales, sino que corresponde únicamente a una evaluación preliminar establecida en el Reglamento del Congreso.
Caso ONP: Congreso señala falta de competencia
La Denuncia Constitucional 705, presentada por Guillermo Nolberto Prudencio Cuisano, también fue declarada improcedente.
El recurso estaba dirigido contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Roger Remy Llacaa, y otros funcionarios, a quienes se les atribuían presuntas vulneraciones relacionadas con una pensión de viudez.
La subcomisión determinó que los funcionarios pertenecen a una entidad administrativa y no forman parte del catálogo de autoridades comprendidas en el artículo 99 de la Constitución.
Por ello, concluyó que el caso debe seguir su curso por las vías administrativas o judiciales correspondientes y no mediante un procedimiento de acusación constitucional.
Exministro Jorge Merino también quedó fuera del proceso
Otro expediente archivado fue la Denuncia Constitucional 707, presentada por Roberto Carlos Basante Rones contra diversos funcionarios vinculados al sector Energía y Minas, gobiernos regionales, municipios y empresas privadas.
El informe técnico determinó tres razones principales para declarar improcedente el caso.
La primera es que la prerrogativa del antejuicio político respecto del exministro Jorge Merino Tafur ya venció. La segunda es que los demás denunciados no están comprendidos dentro de los funcionarios protegidos por el artículo 99 de la Constitución. Finalmente, se concluyó que no existía documentación suficiente para sustentar una imputación constitucional concreta.
La subcomisión aclaró que el denunciante mantiene intacto su derecho a acudir ante otras instancias como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República o el Poder Judicial.
Avanza el proceso contra Magaly Ruiz
La sesión también estuvo marcada por la audiencia correspondiente a las denuncias constitucionales acumuladas 482 y 506 contra la congresista Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez.
La parlamentaria es investigada por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
Durante la audiencia, representantes del Ministerio Público expusieron los fundamentos que sustentan la acusación.
Por su parte, el abogado defensor de la congresista, Enrique Ghersi, solicitó el archivo del procedimiento argumentando que las imputaciones no cuentan con sustento probatorio suficiente para continuar el proceso.
En resumen
La sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales refleja una etapa de depuración de expedientes y, al mismo tiempo, un avance en procesos considerados sensibles dentro del escenario político nacional.
Mientras varios casos fueron archivados por falta de competencia constitucional o ausencia de sustento jurídico, el expediente contra la congresista Magaly Ruiz continúa su curso y deberá ingresar a una nueva etapa de evaluación.
La presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones, recordó a la congresista delegada Elizabeth Taipe que dispone de un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar el informe final correspondiente, un documento que será determinante para establecer el futuro del proceso parlamentario.