Congreso avanza en delegación de facultades: ¿Qué implica la aprobación?
La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que concede al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 60 días calendario en tres ejes prioritarios: seguridad ciudadana, criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. La votación concluyó con 20 votos a favor, 5 en contra y una abstención, tras un extenso debate en el hemiciclo principal.
El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), sostuvo que el dictamen es “exhaustivo, técnico y responsable” y responde a la urgencia de contar con un marco normativo que permita enfrentar la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.
Entre las interrogantes principales planteadas durante la sesión destacó: ¿Por qué el Congreso considera urgente delegar facultades? La respuesta se centró en el incremento acelerado de delitos violentos y de estructuras criminales transnacionales que superan la capacidad operativa del Estado.
Enfoque en seguridad ciudadana: ¿Qué submaterias podrá legislar el Ejecutivo?
Alegría detalló que la comisión decidió otorgar facultades en 48 de las 58 submaterias solicitadas por el Ejecutivo, lo que representa el 83 % del pedido total.
En el campo de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, el Gobierno había solicitado facultades para trabajar 26 submaterias, de las cuales se aprobaron 23.
El congresista subrayó que el énfasis está puesto en las medidas de impacto inmediato, destinadas a enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos de alta peligrosidad social.
Cifras de la Policía Nacional expuestas durante el debate evidencian la magnitud del problema: las extorsiones pasaron de 3.872 denuncias en 2019 a más de 22.000 en 2024, un incremento de más de cinco veces en apenas cinco años.
Esta expansión delictiva motivó la pregunta central del bloque de seguridad: ¿Son suficientes las herramientas actuales del Estado para enfrentar el crecimiento del crimen organizado? La respuesta mayoritaria fue negativa.
El dictamen destaca que las organizaciones criminales han desarrollado una “capacidad inusual de adaptación, tecnología, infiltración territorial y sofisticación operativa”, lo que exige una respuesta integral que articule inteligencia, control de armas, gestión migratoria, investigación fiscal, y fortalecimiento institucional.
Crecimiento económico responsable: facultades en medio de la crisis
Otro de los ejes aprobados fue el de crecimiento económico responsable, donde se autorizaron 17 de las 24 submaterias propuestas por el Gobierno.
Las medidas están dirigidas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer la estabilidad macrofiscal y promover la inversión privada, en un contexto donde la inseguridad también afecta directamente el clima económico.
Entre los puntos destacados se encuentran:
- Liberación de áreas para ejecución de proyectos.
- Optimización en la gestión de programas bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP).
- Mejora del sistema nacional de promoción de la inversión privada.
- Incentivos para proyectos que involucren bienes públicos del patrimonio cultural.
La Comisión subrayó que estas reformas buscan responder a la pregunta: ¿Cómo puede el Estado sostener el crecimiento económico en medio del avance del crimen organizado? La respuesta se enlaza con el fortalecimiento de la institucionalidad y la reducción de los factores de riesgo vinculados a la inseguridad.
Fortalecimiento institucional: prioridad en un contexto de transición gubernamental
El dictamen también otorga facultades para impulsar normas relacionadas con el fortalecimiento institucional, con el objetivo de modernizar la gestión pública, mejorar la coordinación interinstitucional y reforzar la capacidad del Estado frente a amenazas internas y externas.
Arturo Alegría destacó que “el Parlamento puede actuar con firmeza política y técnica incluso en un contexto de transición gubernamental”, haciendo referencia al momento político que atraviesa el país.
Este eje responde a una pregunta clave:
¿Puede el Estado mantener el monopolio legítimo de la fuerza frente al avance de organizaciones criminales que disputan territorios?
Según el predictamen, solo a través de una normativa coherente y constitucional se podrá proteger la gobernabilidad democrática y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Debate multipartidario: posiciones y observaciones
Durante el debate intervinieron congresistas de diversas bancadas, como Ruth Luque, Heidy Juárez, Roberto Sánchez, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Wilson Soto, Maricarmen Alva, Luis Aragón, José María Balcázar, Isaac Mita, Gladys Echaíz, Noelia Herrera, Alejandro Muñante y Jorge Morante.
Si bien la mayoría respaldó la necesidad de otorgar facultades al Ejecutivo, varios legisladores plantearon ajustes técnicos para mejorar la eficacia de las futuras normas.
Los puntos de discusión incluyeron:
- El alcance de las medidas en migraciones.
- Los mecanismos de control parlamentario.
- La pertinencia de algunas submaterias tributarias.
- La precisión de los plazos para la implementación de reformas estructurales.
Conclusión: un paso decisivo en pleno contexto de inseguridad
Con la aprobación del dictamen, el Congreso avanza hacia la delegación de facultades al Ejecutivo para enfrentar uno de los mayores desafíos del país: el avance sostenido de la criminalidad organizada y la crisis de seguridad ciudadana.
En los próximos días, el Pleno deberá ratificar la delegación para que el Gobierno inicie la elaboración de decretos legislativos durante el plazo de 60 días, con el objetivo de responder a una pregunta que preocupa a millones de peruanos:
¿Podrá el Estado retomar el control frente al avance del crimen organizado?