El Pleno del Congreso de la República dio un paso trascendental en materia de derechos laborales al aprobar, por amplia mayoría, el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1057, que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Con esta decisión, los trabajadores bajo dicho régimen accederán a beneficios como gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y subsidio por sepelio, lo que marca un cambio significativo en el trato que reciben miles de servidores públicos.
La iniciativa fue respaldada por 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, lo que refleja un consenso mayoritario en el Parlamento. Además, la representación nacional decidió exonerar el dictamen de una segunda votación, acelerando su aplicación.
Modificación del régimen CAS
El texto sustitutorio consensuado por las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y Presupuesto modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057. De acuerdo con la norma aprobada, los trabajadores CAS recibirán el derecho a percibir dos gratificaciones al año, una en julio y otra en diciembre, equivalentes cada una a una remuneración mensual completa.
Asimismo, se reconoce el derecho a la CTS, calculada sobre la base del 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio. El pago se efectuará de manera cancelatoria al término de la relación laboral entre el trabajador y la entidad pública correspondiente.
La propuesta también incluye la incorporación del subsidio por sepelio, con lo cual se da un paso más hacia la equiparación de derechos entre el régimen CAS y otros regímenes del sector público.
Contra la discriminación laboral
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes Gonzales, subrayó que el objetivo central del dictamen es acabar con la discriminación laboral que sufren los servidores CAS. Según indicó, este régimen ha generado precariedad al otorgar menos beneficios en comparación con otros trabajadores del Estado, a pesar de desempeñar funciones similares.
Paredes explicó que para no incurrir en la violación del artículo 79 de la Constitución, que establece límites en materia presupuestaria, se buscó una fórmula que permita ampliar derechos sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado. En ese sentido, el dictamen incluye disposiciones relacionadas con la posibilidad de acceder a una línea de carrera y a una escala salarial adecuada según el perfil, la naturaleza y el aporte de cada puesto de trabajo.
Opiniones técnicas y respaldo institucional
El dictamen no solo fue fruto del consenso político en el Congreso, sino que también contó con la opinión favorable de diversas instituciones clave en materia de empleo y gestión pública. Entre ellas se encuentran Servir, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la CGTP.
El respaldo de estas entidades refuerza la legitimidad de la norma y garantiza que la propuesta no solo responde a una demanda histórica de los trabajadores, sino que además ha sido evaluada bajo criterios técnicos y de viabilidad económica.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Doroteo, sostuvo que el dictamen busca resolver las condiciones desiguales y la precariedad que caracteriza a los trabajadores bajo regímenes diferenciados en el sector público. En sus palabras, la norma representa un avance hacia la justicia laboral en un país donde gran parte del aparato estatal opera con personal CAS.
Un cambio esperado por miles de trabajadores
La aprobación de esta iniciativa beneficia a más de 200 mil trabajadores CAS en todo el país, quienes por años han reclamado igualdad de condiciones frente a otros servidores del Estado. Hasta antes de esta modificación, los empleados bajo el Decreto Legislativo 1057 carecían de derechos básicos como gratificación o CTS, lo que generaba una situación de desventaja y vulnerabilidad.
Con la nueva norma, se espera no solo mejorar sus condiciones económicas, sino también otorgar mayor estabilidad y motivación laboral, factores que repercuten directamente en la calidad de los servicios públicos que brindan a la ciudadanía.
Para diversos especialistas en derecho laboral, este avance también responde a un reclamo histórico de los sindicatos y asociaciones de trabajadores, que durante más de una década han denunciado la discriminación del régimen CAS frente a otros regímenes del sector público como el 276 y el 728.
Desafíos y próximos pasos
Si bien la aprobación del dictamen es un logro legislativo importante, la implementación de estas medidas representará un reto para el Estado, en particular en materia presupuestaria. Será necesario garantizar que las entidades públicas cuenten con los recursos suficientes para cumplir con el pago de gratificaciones y CTS, así como con los mecanismos de supervisión que eviten irregularidades.
Asimismo, se prevé que este cambio genere un impacto positivo en la lucha contra la rotación excesiva y la alta temporalidad en el sector público, dos problemas recurrentes entre los trabajadores CAS. Al contar con mejores beneficios, se espera reducir la precarización laboral y fortalecer la institucionalidad del servicio público.