Congresista Tudela presentó proyecto de ley para acabar con obras públicas paralizadas

Actualmente, hay más de 2000 obras paralizadas a nivel nacional, que incluyen construcción y mejoramiento de carreteras, mejoras en servicios de salud, educación, proyectos de desarrollo agrario, y más.
La congresista Adriana Tudela propone que, al igual que en otros procesos de solución de controversias, la empresa que quiera paralizar una obra tenga que pagar una garantía equivalente al 25% del valor de la obra.

La congresista Adriana Tudela de la bancada Avanza País presentó un proyecto de ley que fortalece las contrataciones del Estado y salvaguarda el uso eficiente de los recursos públicos. El objetivo de la iniciativa es acabar con las obras paralizadas, una problemática que afecta a ciudadanos en diferentes regiones del Perú.

La propuesta de la legisladora (PL 7099) aborda los diferentes problemas que tiene la actual Ley de Contrataciones del Estado para poder generar los incentivos adecuados a fin de tener mejores contratos, mejores expedientes técnicos, mejores obras, mejores servicios y menos corrupción en beneficio de los ciudadanos.

Actualmente, hay más de 2000 obras paralizadas a nivel nacional, que incluyen construcción y mejoramiento de carreteras, mejoras en servicios de salud, educación, proyectos de desarrollo agrario, y más. Servicios urgentes para millones de peruanos.

“Los miles de millones de soles del presupuesto público, que provienen del bolsillo de todos
los peruanos, deben ser cuidados para que se conviertan en mejores servicios y en mejores condiciones de vida para todos”, refirió la congresista de Avanza País sobre este proyecto de ley.

El proyecto que presentó aborda tres grandes problemas en el sistema actual:

  1. Se suele contratar lo más barato:
    Aunque no está escrito en la ley, siempre gana una licitación el postor que ofrece el menor
    precio posible, lo cual genera un problema: los postores suelen ofrecer precios por debajo
    del precio real y luego agregan adendas, aumentando el precio final de la obra. Un ejemplo
    de esto es el controversial aeropuerto de Chinchero. Originalmente, la obra iba a costar
    alrededor de US$530 millones y debía estar terminada en 5 años, en el 2019. La obra ha
    terminado costando casi US$1200 millones y aún no ha sido entregada.
    “Mi proyecto incluye un artículo en la ley que fortalece el criterio de rigor técnico en todas
    las etapas de contratación, especialmente en la selección de postores que ofrezcan obras
    de calidad con sustento técnico y estructuras de costos definidas. Esto es fundamental para
    determinar quién gana la licitación. Lo mejor no siempre es lo más barato y, muchas veces,
    lo barato sale caro”, refirió la congresista.
  2. Malos expedientes técnicos:
    En América Latina, se invierte en promedio entre 5% y 7% de lo cuesta una obra en
    elaborar un buen expediente técnico (documento fundamental para construir una obra),
    mientras que en el Perú solo invertimos entre 1% y 1.5% del valor de la obra.
    “Como el precio más bajo manda, se invierte muy poco en expedientes técnicos y esto
    luego nos pasa la factura, generando paralizaciones y otros problemas. Mi proyecto
    promueve que se invierta más para tener mejores expedientes técnicos que luego no
    generen problemas una vez que ya se está ejecutando la obra”, agregó la parlamentaria.
  3. Paralización de obras por juicios
    Otro grave problema es la gran cantidad de obras que están paralizadas debido a medidas
    cautelares otorgadas a favor de las empresas que las ejecutan.
    La congresista añadió que en la actualidad nuestro sistema legal genera incentivos para
    que algunas malas empresas detengan la ejecución de un proyecto con medidas cautelares
    por motivos que no son siempre técnicos, como no contar con fondos o personal suficientes
    para continuar la obra.

Al respecto, propone que, al igual que en otros procesos de solución de controversias, la
empresa que quiera paralizar una obra tenga que pagar una garantía equivalente al 25%
del valor de la obra. De esta forma, añade Tudela, se desincentiva que las empresas traten
de paralizar las obras injustificadamente y que esto sólo ocurra cuando haya razones reales
para hacerlo.