Por: Carlos Paredes.-
La tarde del viernes 23, la fiscal superior provisional Marita Barreto llegó con varios equipos de prensa hasta un edificio de Casuarinas, la zona residencial más cara del país, para denunciar el secuestro de un testigo clave para sus investigaciones. Según la coordinadora de Eficcop, el empresario Francisco Iván Siucho Neira, investigado por presunto delito de lavado de activos provenientes del tráfico de oro ilegal, había sido secuestrado en su propia casa. Hubo una primera foto filtrada a la prensa, que esa tarde circuló profusamente por los medios de comunicación electrónicos, donde se veía a la poderosa fiscal Barreto en el lobby del lujoso edificio escuchando al presunto secuestrado. La narrativa de Eficcop era que, el controvertido empresario minero, había sido plagiado por un grupo de siete desconocidos, entre los que estaban dos suboficiales de la Policía en actividad, para amedrentarlo. Callarlo en su calidad de aspirante a colaborador eficaz en el caso etiquetado como “Los Waykis en la sombra”. La especie que se inoculó a la opinión pública era que, desde el poder oficial, se estaba usando a la Policía para secuestrar, intimidar y torcer a un “testigo clave”, precisamente, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho debe decidir el pedido de presión preventiva de 36 meses hecho por el fiscal Carlos Ordaya López, del equipo de Eficcop, contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Todo parecía calzar en el libreto. Policías en actividad haciendo papel de matones por orden de algún poderoso. Un supuesto testigo de cargo, pidiendo ser colaborador eficaz, intimidado para no seguir colaborando. Y una valiente fiscal, que sale de su oficina para defendernos de la obscena corrupción enquistada en lo más alto del poder político, apersonándose a la escena del crimen y, con su sapiencia e indudable talento, declarar ante las cámaras de televisión que fue un secuestro al paso con la finalidad de torcer la actividad probatoria del Ministerio Público. Pero, el libreto duró poco tiempo. El tiempo que se tomaron los periodistas –que no son rehenes de la fuente que les filtra con poca discreción carpetas, audios e instrumentos de investigaciones reservadas– en analizar el caso.
Quién es el “súper testigo” de Marita
Los hermanos Francisco Iván, Jaime Eduardo, Martín Alejandro y Roberto Siucho Neira están investigados desde el 28 de abril de 2022 por el presunto delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal. En esta investigación, a cargo del fiscal Gustavo Gutiérrez Mitma, también está comprendido el padre, Gabino Siucho Apac. La policía especializada cree que son una organización criminal, a la que han apodado “SIUCHO-N”. Según la tesis fiscal, este clan compra oro extraído ilegalmente en Madre de Dios, Piura y Puno, para darle una apariencia de legalidad declarando que proviene de denuncios mineros en el norte, de los cuales poseen permisos temporales entregados por la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura. Los “SIUCHO-N” tienen una planta de tratamiento del mineral en el norte del país, en donde refinan el oro que compran de mineros ilegales para convertirlo en impecables barras doradas de alta ley. Con su método de blanqueo en papeles, el oro de procedencia ilícita sale por la puerta grande de la aduana aérea del Callao con rumbo a mercados como Emiratos Árabes, Estados Unidos e India. Solo una de sus empresas, Quantico Servicios Integrados SAC, exportó en 2021, más de 13 millones de dólares (USD 13 508 912.18) de oro blanqueado, haciendo uso y abuso del famoso Registro Integral de Formalización Minera – REINFO, que evita que las autoridades fiscalicen a sus proveedores ilegales que, inscritos en ese registro, son intocables. El tan cuestionado Reinfo, por ser la puerta falsa por donde se blanquea el oro ilegal, ha sido prorrogado varias veces en el Congreso de la República. La minería ilegal es la actividad ilícita que mueve más dinero sucio en el país, alrededor de 5 mil millones de dólares, superando al narcotráfico o a la trata de personas.
Francisco Iván Siucho Neira es, según esta investigación por lavado de activos, el líder de esta organización que obtiene grandes ganancias no solo blanqueando oro ilegal para exportarlo por la puerta grande al extranjero, sino también invirtiendo estas ganancias ilícitas en otras actividades como la compra y alquiler de maquinaria pesada e inversiones en el rubro inmobiliario. Hace poco, en noviembre de 2023, Francisco Iván, junto a su hermano Martín Alejandro, fueron detenidos por la Policía transportando pequeños lingotes de oro de dudosa procedencia en las zapatillas. También portaban armas de fuego sin tener licencia para ello. Esta segunda investigación, de carácter penal, en su contra está en curso en una fiscalía de Lima Norte.
Cuál es el aporte de Siucho en el “Waikygate”
Francisco Iván, el hermano mayor de los Siucho Neira y presunto líder de la organización “SIUCHO-N” llegó, en el primer trimestre de 2022, al estudio del abogado Mateo Castañeda solicitando que lo defienda en la investigación fiscal por lavado de activos. El exfiscal tomó el caso, ejerciendo su defensa técnica ante el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa en Delitos de Lavado de Activos, cuyo fiscal provincial es Lizardo Pantoja Domínguez, hasta mayo de 2024, después que fuera detenido preliminarmente acusado de ser parte de la supuesta organización criminal denominada “Los Waykis en la sombra”. Cuando los fiscales de Eficcop y el grupo de policías de Diviac, al mando del coronel Harvey Colchado, allanan con orden judicial el estudio Castañeda & Menacho Abogados SAC en Miraflores encuentran, en el cajón de su escritorio, un sobre pequeño de color blanco con 15 mil soles en efectivo. El sobre tenía un rótulo escrito a mano, en letra corrida, que decía “Francisco Siucho”. En el acta de esa diligencia, firmada el sábado 11 de mayo, dice textualmente: “Un sobre color blanco con manuscrito color azul Francisco (ilegible) conteniendo S/ 15 000.00 soles en billetes de cien soles”. La tremenda tesis de Eficcop sobre el origen de este dinero en efectivo es que también se trataría de dinero sucio, traficado en billetes contantes y sonantes, por el exabogado de Dina Boluarte como integrante de una supuesta organización criminal. Preguntado Castañeda, reiteró lo que decía el sobre, que era dinero que su entonces cliente le había llevado en efectivo para pagarle, a su insistencia, una factura al crédito (E001-759) por USD11 800, que le había girado hacía un año atrás (24 de mayo de 2023) y que Siucho moroseaba para pagarla. La defensa técnica de Mateo Castañeda sostiene que, al recibir el dinero en efectivo, el estudio entregó un recibo con fecha martes 7 de mayo de 2024, donde Francisco Iván Siucho Neira firma como gerente general de la empresa Quántico Servicios Integrados SAC reconociendo que es un pago a cuenta por la factura por 11 mil 800 dólares emitida en mayo del 2023. Pero, de pronto, Francisco Siucho cambió de versión declarándose culpable del delito contra la fe pública, cometido en complicidad con su exabogado Mateo Castañeda porque, sostiene, firmó de favor y de manera extemporánea el recibo de los 15 mil soles en efectivo para justificar el origen del dinero encontrado en el escritorio de Castañeda. Reconociéndose autor de este supuesto delito ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz ante Eficcop para delatar a su abogado. La fiscal provisional Barreto y sus fiscales provinciales, también provisionales, creen que el solo testimonio de Siucho será la prueba contundente para probar que “Los Waykis en la sombra” están perturbando la acción probatoria de la fiscalía. Pero, Mateo Castañeda, abogado de varias batallas y fundador del subsistema de lavado de activos en el Ministerio Público, ha presentado la factura electrónica declarada ante la Sunat, un año antes del pago en efectivo, acompañada del recibo en original, con la firma auténtica del presunto colaborador. Entonces, Eficcop sintió que se le caía su súper testigo con su prueba irrefutable, para acreditar peligro procesal en el pedido de detención preventiva que analiza el carcelero juez Richard Concepción Carhuancho. Es en este contexto es que, de pronto, Francisco Iván Siucho Neira denuncia un supuesto secuestro en su casa y Marita Barreto, acompañada de sus acólitos que fungen de periodistas de investigación, va al rescate del presunto colaborador eficaz para denunciar como secuestro una transacción típica de mercancía ilegal entre bandas organizadas. La Policía tiene acreditado por lo menos un caso idéntico cometido por los supuestos secuestradores en julio pasado.
La especie que se inoculó a la opinión pública era que, desde el poder oficial, se estaba usando a la Policía para secuestrar, intimidad y torcer a un “testigo clave”, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho debe decidir el pedido de presión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda.
Los operadores de Eficcop
Lo peligroso para el sistema de administración de justicia o para un Estado Constitucional de Derecho, es que un grupo especial de fiscales que, se supone, luchan contra la corrupción en lo más alto del poder político, no está actuando ni con legalidad, ni con prolijidad. Menos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Los fiscales de Eficcop, la mayoría provisionales empezando por su coordinadora, han invertido la lógica jurídica. Elucubran en su imaginación una teoría del caso, sin tener siquiera indicios razonables; para, después, ponerse a buscar las pruebas de sus supuestas imputaciones. Como no es una tarea fácil imputar un delito alguien sin pruebas, no vacilan en armar burdos muñecos con “agentes encubiertos o especiales” o presuntos colaboradores, que de eficaces no tienen nada, en la búsqueda de su objetivo.
Lo extraño es que están utilizando a sus propios investigados que, en teoría, se acogieron también a la figura de la colaboración eficaz, pero que en la práctica están cumpliendo tareas de operadores o infiltrados en la supuesta organización criminal para captar “delatores” con supuestas pruebas incriminatorias. Serían los casos de Karelím López Arredondo y Jorge Hernández Fernández, ese indescifrable sujeto con llegada inusitada al expresidente Pedro Castillo Terrones, conocido con el alias de “El Español”, a quienes se les ve constantemente en el quinto piso del viejo edificio de la avenida Abancay, donde están las oficinas de Eficcop, a donde entran en carros con vidrios oscuros por el sótano, reservado solo para los fiscales supremos.
En el extraño caso de la “colaboración eficaz” de Suicho, todo indica que hubo una participación activa de la investigada Karelím López, quien conoce muy bien a todo el clan porque el menor de ellos, Roberto Suicho ha jugado fútbol en el Club Universitario con su hijo. Según información de una fuente de Eficcop, Karelím habría convencido a Siucho de supuestamente delatar a Castañeda ofreciéndole ayuda en su proceso por lavado de activos. No sería la primera vez de López interactúa con el clan Siucho Neira. Hay un expediente en la Superintendencia de Migraciones donde Roberto, el compañero de equipo de su hijo, solicita recuperar su nacionalidad peruana, a la que renunció para irse a jugar fútbol a China. En ese trámite, solicitado por Siucho con el nombre chino de Xiao Taotao e iniciado en el 2019, habría pedido ayuda a la impetuosa Karelím López cuando su íntimo amigo Bruno Pacheco era el poderoso secretario general del Despacho Presidencial en la segunda mitad del 2021. Con este antecedente, el acercamiento de la “Agente Hashy”, que es como le dicen a López en Eficcop, a Francisco Siucho habría sido rápido, fluido e impostergable para convertirlo de investigado en una fiscalía de lavado de activos a “colaborador” de una fiscalía contra la corrupción en el poder. Karelím López niega categóricamente esta versión, sostiene que nunca ha solicitado ningún favor a su amigo Bruno Pacheco para este caso. Que el trámite se terminó en el 2022 (conoce muy bien el expediente), cuando Pacheco estaba en la clandestinidad con orden de detención. Sin embargo, dice que no puede explicar cuál es su actual función en Eficcop porque, por ser un trabajo reservado, la ley la protege.
El patrón de conducta en Eficcop
No es la primera vez que se denuncian controvertidos o abiertamente vedados e ilegales maniobras en el trabajo del Eficcop. Otro ejemplo reciente es la súbita conversión de los coroneles Harvey Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuelo (“René” y “Bica”), de investigadores a “agentes encubiertos” –sin autorización judicial previa o, en el caso de Bica, sin el permiso de su comando para dejar el curso superior para coroneles que cursa actualmente– está plagado de irregularidades. No pueden ser, al mismo tiempo, los jefes de la policía que investiga el caso, agentes encubiertos y agraviados. También, Mateo Castañeda ha denunciado el acercamiento sospechoso de un suboficial de la Diviac ofreciendo videos que, supuestamente, incriminaban a Barreto y Colchado. Y, ahora, la presencia estelar en medios masivos del capital de la Policía Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra”. Oficial de la Diviac y hombre de confianza de Colchado, quien ha grabado a su exabogado, el ministro del Interior Juan José Santivañez Antúnez, en una conversación conspirativa, donde el ministro de va de boca, con frases que quedarán para la antología del gobierno de Boluarte, la fase dos del régimen de Perú Libre.
Sin duda, que los chats, audios y conversaciones del ministro Santivañez no se condicen con la responsabilidad de alguien que tiene a su cargo la importante tarea de luchar contra la criminalidad y defendernos de los delincuentes. Lo curioso, sin embargo, es que “Culebra”, policía conocedor de las leyes, se guardó esta conversación supuestamente incriminatoria desde mayo pasado. Solo lo hizo público cuando el Eficcop y su jefe Colchado lo necesitaban.
Nunca, como ahora la justicia ha estado tan politizada. Y el Ministerio Público, como el Ejecutivo, exhibiendo a sus peores cuadros. A la arremetida de Eficcop con los audios de “Culebra”, el ministro del Interior ha respondido con una denuncia penal contra el capitán Izquierdo Yarlequé por un rosario de supuestos delitos: organización criminal, atentado a la integridad de datos informáticos, denuncia calumnioso, falsificación de documentos, fraude procesal y falsedad genérica. Entramos a otra fase de esta perniciosa guerra por el control del poder entre poderes del Estado. Y sus impresentables representantes.
Lo extraño es que Eficcop está utilizando a sus propios investigados que, en teoría, se acogieron a la figura de la colaboración eficaz, pero que en la práctica cumplen tareas de operadores o infiltrados en la supuesta organización criminal para captar “delatores” con supuestas pruebas incriminatorias.
