La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de las denuncias constitucionales 348, 400 y 466 contra el expresidente Martín Vizcarra, por haber vulnerado la Constitución. La decisión fue clara: inhabilitarlo por 10 años para ejercer cualquier cargo público debido a su acción de disolver el Congreso en 2020, lo que, según el informe, infringió varios artículos constitucionales. La votación resultó en 20 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
El informe destaca que la decisión de suspender la elección de magistrados no debía considerarse una cuestión de confianza, ya que no se trataba de un proyecto de ley. Así, la interpretación de Vizcarra sobre la denegación de confianza al nombrar un magistrado fue rechazada por la Comisión, lo que motivó su inhabilitación.
Como resultado, el expresidente no podrá ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años. Esta medida busca sancionar su comportamiento al tomar decisiones consideradas inconstitucionales, como la disolución del Congreso, que fue considerada un acto fuera de la legalidad.
La decisión de la Comisión Permanente marca un nuevo hito en la controversia legal que ha rodeado a Martín Vizcarra tras su salida de la presidencia, una medida que tendrá un impacto en su futuro político.
