La Comisión de Constitución aprobó un pre dictamen que busca que nadie pueda ser procesado ni sentenciado por delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, fecha en la que entró en vigencia en el Perú el Estatuto de Roma.
La propuesta legislativa es iniciativa de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular). Propone la prescripción de todos los procesos de delitos de lesa humanidad que se hayan dado antes del 2002.
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El congresista Edgard Reymundo cuestionó que con esta norma se pretenda beneficiar a militares procesados por los hechos de violencia que vivió el país entre 1980 y el 2000 y a sus responsables políticos, como Alberto Fujimori.
Apoyaron la propuesta los fujimoristas Martha Moyano, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo y Héctor Ventura, así como los no agrupados María del Carmen Alva, Luis Aragón y Juan Burgos. Completan la lista de adherentes Alejandro Cavero, Gladys Echaíz, José Elías, Eduardo Salhuana, Alejandro Muñante y Héctor Valer.
