El Gobierno modificó el Código Penal para tipificar de manera expresa la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, como parte de las medidas orientadas a reforzar la lucha contra la criminalidad común y organizada. La norma fue aprobada en la Sesión del Consejo de Ministros del 16 de enero de 2026, por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La modificación se oficializó mediante un decreto legislativo que ajusta la redacción del artículo 279-G del Código Penal, con el objetivo de uniformizar los criterios jurisprudenciales que, hasta ahora, generaban interpretaciones dispares en los procesos penales vinculados a este delito.
¿Qué cambia en el delito de tenencia ilegal de armas?
La nueva redacción del artículo 279-G establece que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años quien, sin contar con autorización legal, fabrique, ensamble, modifique, almacene, suministre, comercialice, trafique, use, porte o tenga en su poder, de manera individual o compartida, armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación.
El cambio central radica en la incorporación expresa de la tenencia compartida, lo que permite sancionar penalmente a dos o más personas que ejerzan dominio y disponibilidad material simultánea sobre un arma, incluso cuando no exista una posesión física exclusiva por parte de uno de los involucrados.
Uniformización de criterios judiciales
Según explicó el Ejecutivo, esta modificación busca cerrar vacíos legales que venían siendo aprovechados por las defensas para cuestionar imputaciones penales en casos donde las armas eran utilizadas o controladas por varios sujetos de forma conjunta.
Hasta antes de la reforma, algunos tribunales exigían acreditar una tenencia individual y directa, lo que dificultaba la persecución penal en investigaciones vinculadas a bandas criminales o organizaciones delictivas, donde las armas suelen ser compartidas entre sus integrantes.
Con la nueva norma, se brinda una interpretación clara y coherente sobre la responsabilidad penal en escenarios de control conjunto, fortaleciendo la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Impacto en la lucha contra el crimen organizado
El decreto legislativo se enmarca en la estrategia gubernamental para reducir la incidencia delictiva, especialmente en delitos asociados a extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado, donde el uso de armas de fuego es recurrente.
El Ejecutivo señala que existe evidencia concreta de casos en los que dos o más personas ejercen simultáneamente control sobre armas y municiones, aun cuando estas no se encuentren físicamente en poder de todos los implicados al momento de la intervención policial.
Bajo el nuevo marco legal, este tipo de conductas podrá ser sancionado sin ambigüedades, lo que representa un endurecimiento del enfoque penal frente a la tenencia ilegal de armas.
Alcances penales y responsabilidad compartida
La norma precisa que la responsabilidad penal no depende únicamente de la detentación física inmediata, sino del dominio funcional y la disponibilidad material sobre el arma o los objetos vinculados. Esto incluye situaciones como almacenamiento conjunto, custodia rotativa o uso coordinado dentro de una estructura delictiva.
De esta manera, la ley reconoce la dinámica real del crimen organizado, donde las armas suelen ser consideradas bienes comunes de la organización y no de un solo individuo.
Medida alineada con políticas de seguridad
El Gobierno indicó que esta reforma legal es coherente con otras disposiciones adoptadas en el contexto del estado de emergencia y de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.
Desde el Ministerio de Justicia se sostiene que la modificación permitirá mejorar la eficacia de las investigaciones penales, reducir interpretaciones contradictorias y asegurar que las sanciones se apliquen de forma proporcional y consistente.
Refuerzo del marco legal penal
Con la tipificación expresa de la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, el Ejecutivo busca consolidar un marco normativo más sólido frente a la violencia armada, enviando una señal de tolerancia cero frente al uso y control ilegal de armamento.
La norma ya se encuentra vigente y será aplicada en los procesos penales en curso y en las nuevas investigaciones que se inicien bajo este marco legal.