El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, enfrenta uno de los momentos más delicados de su gestión tras las investigaciones fiscales que lo vinculan con el presunto delito de colusión agravada, un ilícito que, de confirmarse, podría acarrearle hasta 20 años de prisión, según especialistas en derecho penal.
Durante una entrevista concedida a Canal N, el abogado penalista Vladimir Padilla explicó que la gravedad del caso radica no solo en la figura penal imputada, sino también en la posibilidad de que el Ministerio Público logre acreditar la existencia de un perjuicio económico significativo contra el Estado, así como un eventual vínculo con una organización criminal, lo que elevaría sustancialmente las penas aplicables.
Qué investiga la Fiscalía contra el gobernador del Callao
La Fiscalía sostiene que, durante la actual gestión regional, se habrían producido fraccionamientos irregulares de contratos públicos con el objetivo de eludir los procesos de licitación establecidos por ley. De acuerdo con las primeras estimaciones del Ministerio Público, el daño económico al Estado superaría el millón y medio de soles, cifra que refuerza la hipótesis de una colusión agravada.
Según Padilla, el Código Penal peruano establece penas severas cuando se demuestra que un funcionario público concertó con terceros para defraudar al Estado. “En estos casos, la clave es probar el acuerdo ilícito entre funcionarios y proveedores, no solo la irregularidad administrativa”, explicó.
Colusión agravada y organización criminal
Uno de los escenarios más delicados para la defensa de Castillo es la eventual imputación por organización criminal, figura que, de confirmarse, también contempla penas de hasta 20 años de cárcel. No obstante, el penalista aclaró que esta imputación exige una carga probatoria mayor, como la existencia de roles definidos, permanencia en el tiempo y una estructura destinada a cometer delitos.
“El solo fraccionamiento no basta. La Fiscalía debe demostrar que hubo una planificación deliberada y sostenida para vulnerar la ley”, precisó Padilla, quien subrayó que este tipo de prácticas son más frecuentes de lo que se reconoce en los gobiernos regionales.
Allanamientos, detención y debate legal
Respecto al allanamiento realizado en la vivienda del gobernador, la defensa de Castillo calificó la diligencia como “infructuosa”. Sin embargo, Padilla indicó que esta apreciación no invalida el procedimiento. “El acta fiscal puede contener elementos relevantes que no se hacen públicos de inmediato”, señaló.
Asimismo, cuestionó la eficacia del aviso previo a entidades como el Ministerio de Justicia antes de ejecutar allanamientos, advirtiendo que ello podría comprometer la reserva de la diligencia. En ese sentido, propuso revisar la normativa para fortalecer la capacidad operativa del Ministerio Público en investigaciones complejas.
Posibles consecuencias políticas y administrativas
En el plano institucional, el abogado advirtió que, si la actual detención preliminar se convierte en prisión preventiva, Ciro Castillo quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de gobernador regional. En ese escenario, la ley prevé su reemplazo por otra autoridad, a fin de garantizar la continuidad administrativa del Gobierno Regional del Callao.
Este eventual desenlace también tendría impacto en los contratos suscritos durante la gestión investigada. Padilla recomendó que aquellos acuerdos que no sean urgentes —como los vinculados a servicios de marketing u otros rubros no esenciales— sean revisados o suspendidos, para evitar un mayor perjuicio al erario público.
El rol de la Contraloría y el debate regional
El penalista recordó que corresponde a la Contraloría General de la República evaluar la legalidad y pertinencia de los contratos firmados, así como determinar responsabilidades administrativas adicionales. Este proceso será clave para definir si las irregularidades detectadas configuran solo faltas administrativas o delitos penales.
Finalmente, Padilla cuestionó el actual modelo de gobiernos regionales, al que atribuyó una duplicación de la burocracia y la proliferación de escándalos de corrupción. “Tal vez ha llegado el momento de reabrir el debate sobre la eficiencia real del proceso de descentralización”, sostuvo.
Mientras tanto, la situación legal de Ciro Castillo seguirá bajo escrutinio fiscal y mediático, en un caso que podría convertirse en uno de los más emblemáticos de presunta corrupción regional en lo que va del año.