El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se reincorporó oficialmente a sus funciones tras un periodo de ausencia. En sus primeras declaraciones a la prensa, el funcionario manifestó que hubiera preferido retomar el control de la administración regional sin la espera de tres días que, según indicó, se produjo tras la suplencia ejercida por la vicegobernadora Edita Vargas.
A pesar de su retorno al despacho regional, Castillo mantuvo una postura de reserva frente a los temas críticos que sacuden su gestión, limitándose a señalar que los aspectos técnicos y legales están en manos de sus asesores.
El conflicto por la presunta usurpación de funciones
Uno de los puntos más polémicos de su retorno es la situación de Edita Vargas, quien asumió el cargo de manera interina. Al ser consultado sobre la denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones presentada contra ella, el gobernador evitó profundizar en detalles.
De acuerdo con sus declaraciones, ese tema será manejado por el estudio de abogados contratado, enfatizando que cualquier posible falta o ilícito será evaluado exclusivamente por sus representantes legales ante las instancias correspondientes.
Silencio ante revelaciones de colaborador eficaz
La gestión de Castillo también enfrenta serios cuestionamientos por presuntas irregularidades en la contratación pública. Recientemente, un ex trabajador del Gobierno Regional del Callao, ahora bajo la figura de colaborador eficaz, habría señalado un esquema de direccionamiento de contratos a favor de proveedores específicos.
Al respecto, el gobernador optó por el hermetismo, ya que señaló que no puede realizar declaraciones sobre ese tema y que se atiene a lo ya informado por sus abogados, evitando pronunciarse sobre el fondo de la acusación.
Restricciones legales y administración regional
Castillo explicó que su reincorporación se dio en un marco de restricciones legales complejas, sobre las cuales prefirió no elaborar. El panorama en el Gobierno Regional del Callao continúa siendo incierto, mientras las investigaciones fiscales avanzan y la defensa del gobernador centraliza la comunicación oficial de la autoridad.