El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, llegó este lunes a la sede del Gobierno Regional del Callao (Gore Callao) con la intención de retomar sus funciones, luego de que el Poder Judicial anulara el mandato de 24 meses de prisión preventiva dictado en su contra y lo reemplazara por comparecencia con restricciones. Su presencia reactivó un escenario de incertidumbre política y administrativa en la región, donde aún no está claro si su retorno al cargo se dará de forma automática.
Tal como había adelantado su abogado, Humberto Abanto, Castillo Rojo se presentó en el local institucional en medio de un fuerte despliegue policial y con un grupo de personas congregadas en los exteriores que expresaron su respaldo. La situación ocurre tras el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones, que declaró fundada en parte la apelación de la defensa y dejó sin efecto la prisión preventiva impuesta en el marco del caso Los Socios del Callao.
Anulación de prisión preventiva y nuevo escenario legal
Castillo Rojo había sido sometido a prisión preventiva por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, investigado por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, vinculados a supuestas irregularidades en la gestión regional. Tras la decisión de la sala superior, el gobernador pasó a un régimen de comparecencia con restricciones, lo que, según su defensa, elimina cualquier impedimento legal para que reasuma el cargo.
“El mandato judicial que lo apartaba de sus funciones ha sido anulado. No existe una suspensión vigente”, sostuvo Abanto ante la prensa, al remarcar que su patrocinado está habilitado para ejercer el cargo para el cual fue elegido.
No obstante, especialistas y autoridades regionales han advertido que el retorno no sería automático, debido a los actos administrativos adoptados durante el periodo en que Castillo Rojo estuvo con orden de prisión preventiva y posteriormente en condición de prófugo.
Dudas sobre la restitución en el cargo
Uno de los puntos centrales del debate es que, tras dictarse la prisión preventiva, Ciro Castillo Rojo fue declarado ausente, situación que permitió que la vicegobernadora regional asumiera el despacho con el respaldo del Consejo Regional del Callao. Esa decisión dio lugar a una nueva dinámica administrativa que ahora podría verse cuestionada.
Desde el entorno del Gobierno Regional se ha señalado que la restitución del gobernador requiere una evaluación legal y administrativa para evitar conflictos de competencia y garantizar la continuidad institucional. En ese contexto, persisten dudas sobre si la comparecencia con restricciones es suficiente para que el gobernador retome plenamente sus funciones o si se requiere un pronunciamiento adicional del Consejo Regional.
Refuerzo de seguridad en el Gore Callao
Desde las primeras horas del día, la sede del Gobierno Regional del Callao amaneció con estrictas medidas de seguridad. Efectivos policiales de la comisaría Ingunza fueron desplegados en los accesos, mientras que personal del propio Gore Callao controló el ingreso de trabajadores y vehículos.
Solo se permitió el acceso a personal debidamente identificado y registrado en listas de autorización. Las rejas de seguridad fueron ampliadas y se restringió el ingreso del público en general. Incluso, algunos vehículos solo pudieron ingresar de manera momentánea para dejar documentos u objetos y retirarse de inmediato.
Estas medidas se adoptaron ante la expectativa generada por el anuncio del abogado defensor de que Castillo Rojo acudiría a la sede regional para retomar el despacho, así como por la presencia de simpatizantes en los exteriores del local.
Postura de la gobernadora regional encargada
La gobernadora regional encargada ha señalado públicamente que el eventual retorno de Ciro Castillo Rojo no será inmediato ni automático, y que se deben respetar los procedimientos administrativos y legales vigentes. Según indicó, cualquier decisión debe garantizar estabilidad institucional y evitar escenarios de confrontación interna.
Mientras tanto, el Consejo Regional del Callao evalúa el impacto del fallo judicial y las acciones a seguir para definir con claridad quién ejerce la titularidad del cargo en el actual contexto.
Un escenario político aún abierto
El caso de Ciro Castillo Rojo vuelve a colocar al Gobierno Regional del Callao en el centro de la atención pública y política. La anulación de la prisión preventiva no implica el cierre de la investigación fiscal, que continúa en curso, pero sí marca un punto de inflexión en la disputa por el control del Ejecutivo regional.
En los próximos días, se espera que las autoridades regionales y judiciales aclaren si el gobernador podrá reinstalarse formalmente en el cargo o si deberá esperar una definición administrativa adicional. Por ahora, el Callao enfrenta un escenario de transición marcado por la incertidumbre legal y la tensión política.