Por: Víctor López
El panorama jurídico peruano en 2025 ha estado marcado por diversas crónicas judiciales que evidencian cómo el sistema de justicia ha debido pronunciarse, una vez más, sobre la delgada frontera entre el ejercicio del poder político y la infracción penal.
En primer lugar, el caso de Pedro Castillo cerró un debate dogmático relevante en el Derecho Penal. Al no materializarse un alzamiento armado ni la movilización de tropas el 7 de diciembre de 2022, la Sala Penal Permanente determinó que no se configuraban los elementos del tipo penal de rebelión. Sin embargo, se le condenó por conspiración para la rebelión (artículo 349º del Código Penal), figura entendida como una “coautoría anticipada” que sanciona el concierto de voluntades y la resolución conjunta de delinquir, aun cuando no se inicie la ejecución del delito.
En segundo lugar, en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori. El fallo se sustentó en la vulneración del principio de legalidad penal (lex praevia), al verificarse que el delito de lavado de activos, en la modalidad de receptación patrimonial, fue incorporado al Código Penal en noviembre de 2016, meses después del cierre de la campaña electoral investigada. En consecuencia, el Tribunal ordenó la nulidad de los actos procesales derivados de dicha imputación.
En tercer lugar, el 10 de octubre de 2025, el proceso de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, aprobado por una amplia mayoría del Congreso de la República, culminó con la destitución de la mandataria por “incapacidad moral permanente”. La decisión se produjo en medio de una crisis de inseguridad ciudadana y un rechazo popular extendido. De manera inmediata, José Jerí asumió la presidencia de la República, consolidando un relevo abrupto en la cúspide del Poder Ejecutivo, escenario destacado por la prensa internacional como un reflejo de la tensión entre justicia, seguridad y gobernabilidad.
En cuarto lugar, el proceso seguido contra Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, adquirió mayor relevancia hacia fines de 2025. El Poder Judicial dictó y ratificó una detención preliminar judicial por el plazo de quince días contra Castillo y otros funcionarios, en el marco de una investigación fiscal por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado, dentro del denominado caso “Los Socios del Callao”. Como parte de los actos de investigación, se ejecutaron allanamientos, levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como la incautación de bienes.
Finalmente, el 26 de noviembre de 2025, el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de cohecho pasivo propio, en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Ante la naturaleza clandestina de los sobornos, la prueba indiciaria cumplió un rol central, destacando elementos como la geolocalización de su teléfono en trayectos vinculados a la presunta entrega de coimas y los peritajes realizados a los sobres de dinero.
En conjunto, estos cinco escenarios confirman que el 2025 fue un año decisivo para la justicia peruana, en el que el control penal y constitucional del poder político ocupó un lugar central, proyectando un escenario de alta exigencia de cara al próximo proceso electoral presidencial.