Un mensaje final desde el corazón del Poder Judicial
Tras 37 años de trayectoria en la magistratura, el juez supremo decano César San Martín Castro se despidió del Poder Judicial con un discurso de fuerte contenido político, jurídico e institucional. En una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia, el magistrado sostuvo que el Perú no puede concebirse como una “isla jurídica” ni contraponer su Constitución al orden internacional, especialmente en un contexto de crisis democrática y debilitamiento institucional.
“El país no puede afirmarse como un Estado soberano al margen de las reglas básicas del derecho internacional”, señaló San Martín, al subrayar que principios de ius cogens —normas imperativas del derecho internacional— deben integrarse de manera armónica al ordenamiento interno.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y contó con la presencia de juezas y jueces supremos, expresidentes de la institución, autoridades públicas y personal jurisdiccional y administrativo.
Crisis institucional y llamado a la unidad judicial
Durante su alocución, San Martín Castro reconoció que el país atraviesa una crisis institucional profunda, que no excluye al sistema de justicia. Frente a ese escenario, exhortó a las y los jueces a mantenerse unidos y fortalecidos, con base en el imperio de la ley, la Constitución y el Derecho Internacional.
Advirtió que la independencia judicial sigue siendo la principal garantía de la jurisdicción y que, pese a las presiones políticas, mediáticas o sociales, no existe otro camino que enfrentar la crisis desde principios democráticos claros.
“No queda otra opción que lidiar con ella y tratar de superarla desde la independencia judicial”, afirmó.
Testigo directo de las grandes fracturas del país
San Martín habló también desde la experiencia de quien fue testigo directo de algunos de los momentos más críticos de la historia reciente del Perú. Recordó las reformas inconclusas del periodo militar, el retorno limitado a la democracia, el impacto del terrorismo y el narcotráfico, así como el autogolpe de 1992, que interrumpió el orden constitucional y lo apartó del Poder Judicial contra su voluntad.
Entre 1992 y 2004, el magistrado permaneció fuera de la judicatura, hasta que fue reincorporado como juez supremo. Desde entonces, participó activamente en procesos vinculados a justicia transicional, delitos de lesa humanidad, corrupción de funcionarios y criminalidad organizada.
Lava Jato, Cuellos Blancos y crimen organizado
En su balance institucional, San Martín Castro también abordó el rol del Poder Judicial frente a casos emblemáticos como Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto, así como la expansión de la economía criminal, el lavado de activos y la corrupción estructural.
Alertó sobre el deterioro de los partidos políticos, las sucesivas vacancias presidenciales y el surgimiento de corrientes radicales que cuestionan la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales.
“He enfrentado presiones, campañas mediáticas injustas, odios y ataques de quienes buscaban sojuzgar a la judicatura”, señaló, en una de las partes más personales de su discurso.
Una tarea pendiente y de largo aliento
En el tramo final de su intervención, San Martín Castro hizo un llamado a juezas, jueces y auxiliares jurisdiccionales a luchar por el Derecho y la Democracia, y a ejercer la función judicial con vocación de servicio, esfuerzo intelectual y compromiso ético.
Reconoció que los desafíos que enfrenta el Poder Judicial son complejos y de largo plazo, pero aseguró que, aunque ya no será protagonista, seguirá atento y dispuesto a colaborar desde fuera de la institución.
“Gracias por la oportunidad que el país me dio para impartir justicia”, concluyó, en un discurso que fue reconocido de manera unánime por su legado y trayectoria.
Trayectoria de un magistrado clave
César San Martín Castro inició su carrera judicial en 1976 en la Corte del Callao. Fue juez instructor en Lima, juez superior y, tras su cese durante el régimen de Alberto Fujimori, regresó en 2004 como juez supremo. Presidió el Poder Judicial entre 2011 y 2012 y encabezó salas penales clave que resolvieron procesos contra altos funcionarios del Estado.
Su salida marca el cierre de una etapa decisiva en la historia reciente de la judicatura peruana.