La violencia criminal en Trujillo, capital de la región La Libertad, ha alcanzado niveles alarmantes. Luego de una fuerte explosión registrada en la cuadra 8 de la avenida Perú, en el distrito de El Porvenir, atribuida a una disputa entre bandas delincuenciales, el gobernador regional César Acuña solicitó formalmente al Ejecutivo que se declare a la ciudad en estado de sitio, una medida extrema contemplada en la Constitución para situaciones de grave alteración del orden interno.
El atentado, que dejó cuantiosas pérdidas materiales y pánico entre los vecinos, ha sido calificado por Acuña como un acto terrorista urbano. En respuesta, propuso también la aprobación urgente de un proyecto de ley que tipifique el “terrorismo urbano” como delito autónomo, con penas más severas para criminales que recurren al uso de explosivos.
Un nuevo atentado sacude Trujillo
El hecho que motivó el pronunciamiento del gobernador ocurrió la noche del 14 de agosto, cuando una carga explosiva fue detonada frente a un local comercial ubicado en la avenida Perú. El estallido causó daños considerables en viviendas, negocios y vehículos. Según fuentes policiales, el ataque estaría relacionado con una guerra territorial entre dos organizaciones criminales que se disputan el control de la extorsión en la zona.
Durante una conferencia de prensa ofrecida el 15 de agosto, junto al ministro del Interior, Carlos Malaver, y el jefe del Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, Acuña fue enfático:
“Lo de anoche es un acto terrorista, por lo tanto, esto tiene que cortarse. La Constitución lo permite. El artículo 137 establece que se puede declarar estado de sitio. No podemos seguir con simples estados de emergencia”, dijo el líder de Alianza para el Progreso.
¿Qué es el estado de sitio y por qué lo pide Acuña?
El estado de sitio es una figura constitucional contemplada en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Se aplica en casos de invasión, guerra civil o grave perturbación de la paz o del orden interno, y faculta al Ejecutivo a suspender o restringir ciertas garantías constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión o inviolabilidad de domicilio.
Para Acuña, Trujillo cumple con las condiciones de “grave perturbación del orden” y el uso de explosivos —como el que se vio en este reciente atentado, o el ocurrido en enero frente al Ministerio Público— es evidencia de que se trata de actos con características terroristas.
“Después de lo ocurrido en la Fiscalía, ahora esto. ¿Esperamos 6 meses para otro atentado? Hay que prevenir. Trujillo necesita un golpe de timón”, reclamó.
Una ley para enfrentar el “terrorismo urbano”
El gobernador regional también exhortó al Congreso a aprobar el proyecto de Ley de Terrorismo Urbano, que busca incorporar en el Código Penal un nuevo tipo delictivo que penalice con severidad los atentados con explosivos, amenazas masivas y extorsiones violentas por parte de mafias.
“¿Qué hace un miembro de banda cuando pone una bomba? Provoca zozobra, terror. ¿Eso no es terrorismo? Hay que llamarlo por su nombre. No podemos permitir que el crimen organizado actúe como si tuviera licencia”, enfatizó Acuña.
Criminalidad en Trujillo: ¿zona roja del país?
La Libertad, y particularmente Trujillo, se ha convertido en una de las regiones con mayor índice de criminalidad en el Perú. En lo que va del año, decenas de homicidios, extorsiones y atentados con explosivos han estremecido a la población.
Según informes del Ministerio del Interior, al menos cuatro bandas criminales operan activamente en la región, algunas con ramificaciones transnacionales y participación de ciudadanos extranjeros.
En la misma conferencia, el ministro Carlos Malaver no descartó que se analice la declaratoria de estado de sitio, pero señaló que es una medida que requiere “evaluaciones jurídicas, constitucionales y logísticas”.
Reacciones mixtas
Las declaraciones de Acuña han generado un fuerte debate en medios y redes sociales. Mientras algunos respaldan su postura y demandan acciones más drásticas contra la inseguridad, otros advierten que una declaratoria de estado de sitio podría vulnerar derechos ciudadanos y aumentar la militarización sin resolver las causas estructurales del problema.
Por su parte, la Policía Nacional informó que ya se ha intervenido a tres presuntos responsables del atentado, entre ellos dos menores de edad y un adulto. El caso está en investigación.
El pedido de César Acuña de declarar estado de sitio en Trujillo es una señal de la urgencia y gravedad con la que las autoridades locales están enfrentando la creciente violencia criminal. La región demanda no solo medidas excepcionales, sino una política integral de seguridad, justicia efectiva y control territorial.
La discusión ahora recae en el Ejecutivo y el Congreso, que deberán decidir si optan por medidas de fuerza o redoblan esfuerzos en estrategias preventivas y reformas judiciales.
