El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra), acudió este martes a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en Washington D.C.), para denunciar lo que considera una persecución política sistemática contra su hermano, el expresidente Martín Vizcarra). La presentación del caso marca un nuevo capítulo en la judicialización de la política peruana y traslada el conflicto al escenario internacional.
Según el entorno del exmandatario, la denuncia busca evidenciar un patrón de decisiones adoptadas desde el poder político que habrían vulnerado derechos fundamentales, afectando no solo la libertad personal de Vizcarra, sino también su derecho a la participación política en un proceso electoral en curso.
Las inhabilitaciones bajo cuestionamiento
La defensa legal, encabezada por el abogado Guido Croxatto), sostiene ante la CIDH que las inhabilitaciones dictadas por el Congreso de la República) carecen de sustento constitucional. De acuerdo con el escrito presentado, estas sanciones impidieron que Martín Vizcarra asumiera su escaño como el congresista más votado a nivel nacional y lo excluyeron de la actual contienda electoral, pese a figurar —según sus partidarios— entre los líderes en intención de voto.
Para la defensa, el uso reiterado de mecanismos políticos con efectos sancionadores ha desnaturalizado la función de control del Parlamento y la ha convertido en una herramienta de exclusión. “No se trata de sanciones administrativas, sino de castigos políticos con impacto directo en la representación ciudadana”, señalan fuentes cercanas al caso.
Prisión preventiva y estado de salud
Uno de los ejes más sensibles de la denuncia es la situación de salud del expresidente. La exposición ante la CIDH advierte sobre una “grave situación humanitaria” derivada de su reclusión sin sentencia firme. Según el documento, la falta de atención médica especializada en prisión habría provocado la pérdida irreversible de la función renal en uno de sus riñones, alcanzando niveles críticos cercanos al 100%.
La defensa considera que esta condición vulnera el derecho a la integridad personal y a la salud, agravado por la demora procesal. En ese marco, se solicita que el organismo interamericano evalúe con carácter urgente la adopción de una medida cautelar que permita garantizar atención médica adecuada y revisar las condiciones de detención.
La voz del hermano y el impacto político
Tras su llegada a la capital estadounidense, Mario Vizcarra fue enfático: “Mi hermano debería estar hoy en el Congreso representando a los miles de peruanos que votaron por él, pero en su lugar está en una prisión donde su salud se deteriora día a día por falta de atención oportuna”. El candidato también señaló que su propia postulación presidencial ha enfrentado “tachas inusuales”, lo que —a su juicio— refuerza la tesis de un cerco político contra su entorno.
Vizcarra afirmó que el caso no es aislado, sino parte de un clima de hostigamiento que busca condicionar la oferta electoral. En ese sentido, advirtió que la exclusión de actores con respaldo popular erosiona la legitimidad del proceso democrático.
El rol de la CIDH y los escenarios posibles
Toda la documentación probatoria será entregada formalmente a la CIDH, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para otorgar medidas cautelares. Aunque estas no implican un pronunciamiento de fondo, sí pueden generar presión internacional sobre el Estado peruano para adoptar acciones inmediatas en materia de derechos humanos.
En casos anteriores, la intervención del sistema interamericano ha tenido efectos políticos relevantes, obligando a los Estados a revisar decisiones internas o a mejorar las condiciones de detención de personas consideradas en situación de riesgo. En este caso, el foco estará en determinar si las inhabilitaciones y la prisión preventiva configuran una vulneración al derecho de participación política y a las garantías judiciales.
Democracia bajo escrutinio internacional
La denuncia presentada en Washington coloca nuevamente al Perú bajo la lupa de los organismos internacionales. En un contexto de alta polarización y desconfianza institucional, el caso Vizcarra se convierte en un símbolo del choque entre poder político y justicia, con implicancias directas en el proceso electoral.
Para sus defensores, se trata de restituir derechos vulnerados. Para sus críticos, de internacionalizar un conflicto judicial interno. Lo cierto es que la CIDH deberá pronunciarse en un escenario donde la política peruana vuelve a dirimirse fuera de sus fronteras, con la democracia como telón de fondo.