Caso Rolex: culmina allanamiento en Palacio de Gobierno

Más de cinco horas duró el allanamiento a la residencia y despacho de la mandataria Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.

Tras más de cinco horas culminó el allanamiento en el despacho y la residencia de la presidenta Dina Boluarte Zegarra en Palacio de Gobierno por el ‘caso Rolex’.

El doctor Hernán Mendoza, fiscal del Ministerio Público y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizaron diligencias al interior de Palacio de Gobierno pasada las 4:00 a.m. en el marco de la investigación que se le inició a la jefa de Estado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración de documentos, por los relojes de marca Rolex que viene usando.

El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, refirió que su defendida fue citada por la Fiscalía para el viernes 5 de abril.

Por su parte el jefe del Gabinete Gustavo Adrianzén Olaya, expresó su respaldo a la presidenta Dina Boluarte y condenó la ejecución de actos que afectan el desarrollo del país al crear ruido político y desincentivar las inversiones, necesarias para el impulso a la economía en beneficio de todos los peruanos. 

“Los ministros expresamos nuestra solidaridad con la presidenta Dina Boluarte y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que encubren cuestionables disposiciones jurisdiccionales”, enfatizó el premier. 

Asimismo, mencionó que las instancias para ventilar y aclarar temas legales en curso son la Fiscalía y el Ministerio Público y reafirmó que la jefa de Estado ha mostrado, en todo momento, su disposición de acudir ante estas autoridades para esclarecer los asuntos que se estimen convenientes. 

«Siempre ha prestado su colaboración y, en otras oportunidades que ha sido citada, siempre ha asistido a declarar. Ella ha manifestado que se va a dirigir a la Fiscalía a brindar sus declaraciones cuando sea convocada”, señaló. 

En ese sentido, consideró que las últimas acciones de las que ha sido objeto la mandataria son “desproporcionadas e inconstitucionales” y que “reafirman la existencia de una politización de la justicia” en el Perú.

“Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional”, declaró.