El caso Lava Jato suma una nueva acusación emblemática. El Ministerio Público formalizó este jueves una de las imputaciones más severas contra el presunto operador financiero de Odebrecht en el Perú, reforzando la tesis de que el sistema de sobornos de la constructora brasileña tuvo una estructura local organizada y permanente.
El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó este 18 de diciembre una acusación penal contra el empresario Gonzalo Monteverde y otras seis personas naturales por el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia, con el agravante de pertenecer a una organización criminal.
El requerimiento acusatorio, presentado ante el Poder Judicial, consta de 3.735 folios y solicita una pena de 33 años de prisión para Monteverde, señalado como el principal generador y receptor de los flujos ilícitos de dinero vinculados al Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido como la “Caja 2”.
Además de Monteverde, el Ministerio Público acusó a otras seis personas naturales, entre ellas María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza, para quienes se solicitan penas que van desde los 13 hasta los 33 años de cárcel, según el grado de participación atribuido en los hechos.
La acusación también alcanza a 21 personas jurídicas, respecto de las cuales la Fiscalía ha pedido la disolución, al considerar que habrían sido utilizadas como instrumentos para el lavado de dinero. Entre las empresas mencionadas figuran Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC, entre otras.
Según la imputación fiscal, Gonzalo Monteverde operaba como un engranaje clave del esquema de corrupción de Odebrecht en el Perú. A través de sus empresas, habría generado y canalizado dinero ilícito tanto para el sistema de sobornos internacional de la constructora brasileña como para una caja chica en efectivo destinada a pagos ilegales dentro del país.
La Fiscalía sostiene, además, que Monteverde fue el receptor en el Perú de fondos ilícitos utilizados para el pago de sobornos a funcionarios públicos y para aportes a campañas políticas, entre las que se menciona a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.
Monteverde y María Isabel Carmona se encuentran prófugos de la justicia desde el año 2019, y pesan sobre ambos órdenes de captura nacional e internacional. En el caso del empresario, el Ministerio del Interior mantiene vigente una recompensa de 500 mil soles por información que permita dar con su paradero, al considerarlo el operador financiero de los pagos ilícitos de Odebrecht en el país.
Con esta imputación, el Equipo Especial Lava Jato alcanza su acusación número 32, en uno de los procesos anticorrupción más extensos y complejos de la historia judicial peruana, que continúa avanzando hacia su fase decisiva en los tribunales.