Caso Lava Jato: Procuraduría recauda más de S/ 83 millones por reparaciones civiles en el año 2023

La defensa del Estado ha cobrado más de S/ 238 millones desde 2019 a la fecha.
La procuradora ad hoc Silvana Carrión estima que en el año 2024 se recaudarán más de S/ 74 millones.

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato alcanzó en el 2023 un nuevo pico en el cobro de reparaciones civiles por casos de corrupción, señaló su titular, Silvana Carrión.

«El año que pasó logramos el cobro de más de S/ 83 millones por concepto de reparaciones civiles a favor del Estado peruano. Esta cifra es la más alta que se ha cobrado por este concepto en un año. Incluso está por encima de los S/ 80 millones cobrados a Odebrecht en el 2019», señaló la abogada del Estado.

Carrión Ordinola detalló que a la fecha se han impuesto más de S/ 1,207 millones en reparaciones civiles, principalmente a través de sentencias de colaboración eficaz. De este monto, su despacho ha logrado el cobro de más de S/ 238 millones hasta el momento. 

«La recaudación irá aumentando mientras los procesos judiciales avanzan a etapas decisivas. Hoy existen cinco casos en juicio oral y 15 en control de acusación. Si no hay mayores inconvenientes, este 2024 proyectamos cobrar más de S/ 74 millones por resarcimientos al Estado, ello sin contar lo que ingresaría por los nuevos acuerdos de colaboración que venimos negociando con otras empresas e investigados”, sostuvo Silvana Carrión.

Más de S/. 2500 millones solicitados en embargos

Como parte de su estrategia de aseguramiento para el cobro de las reparaciones civiles, la Procuraduría Ad Hoc a la fecha ha solicitado más de S/ 2,500 millones en embargos contra las empresas e investigados, de los cuales se han inscrito más de S/ 2,100 millones en registros públicos. Estos embargos se harán efectivos luego de las eventuales sentencias impuestas en los juicios. 

De otro lado, también con el fin de asegurar los resarcimientos a favor del Estado, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha logrado incluir a 78 empresas como terceros civilmente responsables, para que asuman los eventuales pagos de reparación civil junto a los investigados. De estas empresas, 23 estarían vinculadas al denominado “Club de la Construcción”.