El Ministerio Público consiguió que el Poder Judicial declare fundada la demanda de extinción de dominio sobre cuatro inmuebles valorizados en más de S/ 2,8 millones, vinculados a personas condenadas por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos en el marco del denominado caso Artemio.
La sentencia fue obtenida por la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima y dispone que las propiedades pasen definitivamente a propiedad del Estado peruano, al haberse acreditado que fueron adquiridas con dinero de origen ilícito.
Los bienes están ubicados en los distritos de Ventanilla y San Martín de Porres, y se encontraban inscritos a nombre de personas sentenciadas por delitos graves, entre ellas integrantes de la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Fondos vinculados a ‘Artemio’ y lavado de activos
De acuerdo con la investigación fiscal, tres de los inmuebles, ubicados en Ventanilla, fueron adquiridos por José Villanueva, condenado por terrorismo y lavado de activos. La Fiscalía determinó que los recursos utilizados provenían de Florindo Flores Hala, alias ‘Artemio’, exlíder de una facción de Sendero Luminoso que operaba en el Alto Huallaga.
El dinero ilícito fue incorporado al sistema financiero mediante la compra de bienes raíces, una modalidad utilizada para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades criminales.
Transferencias para ocultar patrimonio ilícito
El cuarto inmueble, un edificio situado en San Martín de Porres, pertenecía a Hermelinda Salvador, sentenciada por lavado de activos derivados del narcotráfico. Según la Fiscalía, la propietaria transfirió el bien a su hijo, Jordán Poma, bajo la figura de anticipo de herencia, con la finalidad de evitar su incautación.
El Ministerio Público concluyó que esta operación constituyó una maniobra destinada a sustraer el inmueble del control judicial y ocultar su verdadero origen.
Aplicación de normativa nacional e internacional
El proceso se sustentó en la legislación peruana sobre extinción de dominio y en tratados internacionales ratificados por el Estado, como la Convención de Palermo y la Convención de Viena, que facultan la persecución patrimonial de bienes vinculados a delitos como terrorismo y tráfico ilícito de drogas.
El caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Cecilia Paola Pérez Breña, quien presentó los elementos probatorios que permitieron acreditar el origen ilícito de los bienes.
Sentencia firme y lucha contra el crimen organizado
Con la resolución judicial favorable, los cuatro inmuebles pasarán formalmente al patrimonio del Estado, siempre que no se presenten recursos de apelación. El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Raúl Peña Cabrera Freyre, destacó que este fallo fortalece la estrategia de persecución económica contra las organizaciones criminales.
La extinción de dominio se consolida así como una herramienta clave para debilitar financieramente a redes vinculadas al terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, evitando que personas condenadas continúen beneficiándose de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.