El abogado Juan Carlos Portugal anunció que asumirá la defensa legal de Dina Boluarte ante el Congreso de la República y posteriormente ante el Poder Judicial. Su intervención se centrará en revertir el rechazo a la solicitud de pensión vitalicia de la exmandataria, un proceso que Portugal asegura puede derivar en una restitución del beneficio y, según su interpretación, incluso abrir la posibilidad de un eventual retorno a la presidencia.
Portugal subrayó que la opinión del área legal del Congreso no es vinculante y que la decisión final corresponde a la Mesa Directiva. Una vez agotada la vía administrativa, adelantó que judicializarán el caso para proteger lo que considera un derecho adquirido de Boluarte.
Argumentos a favor de la pensión vitalicia
El abogado señaló que Boluarte fue electa como parte de una fórmula presidencial, y que la ley no excluye del beneficio a quienes accedieron al cargo por sucesión constitucional o fueron vacados. “Ella ejerció el cargo hasta su vacancia y la norma no hace distinción en cuanto al motivo de salida”, afirmó Portugal, citando además el artículo 105 de la Constitución como respaldo.
Portugal comparó el caso de Boluarte con otros expresidentes, mencionando a Pedro Pablo Kuczynski, quien accedió a la pensión pese a ser vacado, y a Pedro Castillo, quien obtuvo el beneficio tras una medida de amparo. Para el abogado, estas situaciones reflejan un tratamiento desigual agravado por motivaciones políticas en el caso de Boluarte.
Críticas al informe del Congreso y sesgo político
El abogado cuestionó la independencia del área de asesoría legal del Congreso, sugiriendo que su dictamen pudo haber sido influenciado por congresistas. Portugal señaló que la negativa de otorgar la pensión responde más a cálculos políticos que a fundamentos jurídicos sólidos, y adelantó que la vía judicial permitirá impugnar esta decisión y buscar la restitución del beneficio.
El proceso judicial, según Portugal, podría prolongarse varios meses o años, pero confía en obtener un fallo favorable que reconozca los derechos de Boluarte, incluso si el Congreso mantiene su negativa.
Demanda por vacancia y posibles implicancias
Paralelamente, Boluarte mantiene una demanda de amparo por su vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, cuyo fallo está previsto para marzo de 2026. Aunque la reposición efectiva de la presidencia sería poco probable si la sentencia se emite después del 28 de julio de 2026, el abogado destaca que eliminar judicialmente la etiqueta de incapacidad moral permanente sentaría un precedente importante para evitar procesos arbitrarios en el futuro.
Con este doble frente legal, Boluarte busca recuperar derechos económicos y reputacionales, mientras su defensa prepara los argumentos para la eventual judicialización ante el Poder Judicial.