En la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta Dina Boluarte reafirmó que el combate contra la minería ilegal será una prioridad absoluta para el Poder Ejecutivo. Con un compromiso firme, anunció que se destinará un presupuesto exclusivo y que las fuerzas de Defensa e Interior continuarán intensificando las acciones de interdicción a nivel nacional.
¿Qué motivó esta decisión del Gobierno?
La minería ilegal en Perú se ha convertido en una amenaza creciente no solo para el medio ambiente, sino también para la seguridad ciudadana y el orden público. Esta actividad ilícita ha causado graves daños ecológicos en regiones estratégicas, y ha fomentado la presencia de redes criminales que operan con impunidad.
Consciente de ello, la presidenta Boluarte destacó la responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía para enfrentar este flagelo, reafirmando la voluntad política para avanzar en un combate integral y sostenido.
¿Qué acciones concretas contempla el Ejecutivo?
Durante la conferencia de prensa posterior al Conasec, la mandataria enfatizó que el presupuesto asignado será exclusivo para fortalecer los operativos contra la minería ilegal. Asimismo, explicó que los ministerios de Defensa e Interior mantendrán e intensificarán los operativos de interdicción en las zonas críticas del país.
Por otra parte, el Gobierno y el Congreso evaluarán la posibilidad de modificar la normativa vigente para robustecer la declaratoria y ejecución de estados de emergencia, mecanismo clave para intervenir con mayor eficacia en territorios afectados.
Fortalecimiento del control y la investigación criminal
Además del combate directo, el Ministerio del Interior impulsará iniciativas normativas y administrativas enfocadas en mejorar la investigación criminal, así como el control sobre armas, municiones y explosivos, elementos frecuentemente vinculados a actividades ilícitas asociadas a la minería ilegal.
La Policía Nacional del Perú solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público que prioricen la atención de carpetas relacionadas con bandas criminales, facilitando así una intervención más rápida y efectiva para desarticular estas organizaciones.
¿Cuál será el papel de la Superintendencia Nacional de Migraciones?
En otro punto clave, la presidenta Boluarte mencionó que la Superintendencia Nacional de Migraciones reforzará los procesos de verificación para determinar la situación real de ciudadanos extranjeros en el país, buscando evitar que esta población contribuya involuntariamente a la dinámica ilegal en territorios vulnerables.
Seguridad ciudadana y responsabilidad compartida
“Esta lucha es una prioridad, pero también una responsabilidad de todos los peruanos”, afirmó la mandataria, subrayando la importancia de la colaboración entre instituciones y sociedad civil para hacer frente a esta problemática que impacta en la seguridad ciudadana, la economía regional y el equilibrio ambiental.
