La tarde del lunes 31 de agosto, la expremier Betssy Chávez Chino fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora tras sufrir complicaciones derivadas de la huelga de hambre seca que acata desde hace semanas en el Penal de Mujeres de Chorrillos.
La información fue confirmada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien, a través de un pronunciamiento en la red social X (antes Twitter), denunció que la salud de su defendida se encuentra en grave riesgo y responsabilizó directamente al Ejecutivo y, en particular, a la presidenta Dina Boluarte por lo que pueda ocurrir.
“En estos momentos Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte (…) por lo que le pasa y pueda pasarle”, afirmó el letrado.
La huelga de hambre que puso en riesgo su vida
Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, inició hace varias semanas una huelga de hambre indefinida en protesta por presuntos abusos dentro del penal y por lo que considera un hostigamiento por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Según su versión, la directora del penal habría tomado represalias contra ella y hasta la habría acusado de chantaje sexual, motivo por el cual solicitó su traslado a otro centro penitenciario. Sin embargo, las autoridades del INPE han rechazado estas denuncias, asegurando que Chávez recibe atención médica diaria, ocupa una celda especial, e incluso cuenta con privilegios como acceso a televisión y agua caliente, beneficios que no tendrían otras internas.
El conflicto escaló cuando, tras suspender su huelga, la exfuncionaria decidió retomarla bajo la modalidad de huelga de hambre seca, es decir, sin ingerir ni alimentos ni líquidos. Médicos advirtieron que esta decisión podría comprometer seriamente su integridad física y derivar en complicaciones cardiorrespiratorias y renales.
Denuncias cruzadas y tensiones políticas
El caso de Betssy Chávez ha generado un nuevo frente de confrontación entre sectores políticos y el gobierno. Mientras su defensa la presenta como víctima de persecución política tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022, el Ejecutivo y las autoridades penitenciarias sostienen que se trata de una estrategia de presión mediática.
La expremier enfrenta un proceso judicial por el delito de rebelión y cumple prisión preventiva mientras avanza el juicio. Desde su reclusión, Chávez ha acusado en diversas ocasiones al gobierno de Dina Boluarte de “hostigamiento sistemático” y ha vinculado su caso con una supuesta persecución contra exfuncionarios del régimen de Castillo.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) aseguró que Chávez cuenta con supervisión médica constante y que su estado es monitoreado a diario. No obstante, la defensa insiste en que la huelga de hambre seca ha agravado su estado de salud y que se corre el riesgo de un desenlace fatal si no se actúa a tiempo.
Crisis carcelaria y derechos humanos en debate
El traslado de Betssy Chávez reabre el debate sobre las condiciones de detención y los derechos humanos en el sistema penitenciario peruano. Si bien las autoridades afirman que su caso recibe trato diferenciado, la huelga de hambre visibiliza las tensiones entre las internas de alto perfil y las instituciones del Estado.
Los especialistas advierten que episodios como este podrían polarizar aún más el clima político y convertirse en un foco de movilización social. Algunos sectores consideran que el gobierno podría enfrentar presiones internas y externas si la salud de Chávez se deteriora gravemente.
Además, la narrativa de persecución política se refuerza en un contexto en el que el gobierno de Dina Boluarte ya enfrenta acusaciones internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos tras las protestas ocurridas en 2023 y 2024.
¿Se politiza la salud de Betssy Chávez?
El caso abre un interrogante crucial: ¿se trata de un acto de resistencia política frente al gobierno o de una estrategia mediática para presionar a las autoridades judiciales?
Mientras tanto, la salud de la expremier se convierte en un factor de tensión y podría tener consecuencias políticas si su situación empeora. Los ojos del país estarán puestos en el Hospital María Auxiliadora, donde permanece internada bajo supervisión médica estricta.
