Desde el interior de la residencia diplomática de México en Lima, donde permanece asilada desde hace tres meses, la expremier Betssy Chávez Chino ha volcado su actividad digital hacia la arena electoral. A pesar de su situación legal —una condena de 11 años de cárcel dictada en noviembre de 2025 por el delito de rebelión—, la abogada tacneña se ha convertido en la principal promotora de la candidatura de su madre, Herminia Chino, quien busca un escaño en el Senado por el partido Podemos Perú.
Chávez, quien no puede abandonar la sede diplomática ante el riesgo inminente de detención por parte de las autoridades peruanas, utiliza plataformas como TikTok y Facebook para difundir mensajes proselitistas. En sus recientes intervenciones, se le observa coordinando las actividades de campaña de su progenitora en regiones del sur como Tacna, Puno y Arequipa, bajo una narrativa que insiste en su condición de “perseguida política”.
El factor Podemos Perú
La estrategia familiar ha encontrado cabida en la organización política liderada por José Luna Gálvez, investigado también por el Ministerio Público. La campaña de Herminia Chino se centra casi exclusivamente en la exigencia de un salvoconducto para su hija, con el fin de que esta pueda abandonar el país y viajar a México.
“Mi mami está viajando mañana a Tacna… les envío con ella un fuerte abrazo”, anunció Chávez en un video reciente, evidenciando que la logística de la campaña se dirige, paradójicamente, desde una sede que goza de inmunidad diplomática.
Antecedentes y tensiones
El Poder Judicial ratificó la responsabilidad de Betssy Chávez en la intentona golpista de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, al comprobarse su participación en la coordinación y difusión del mensaje que pretendía el cierre ilegal del Congreso. Esta situación de asilo ha sido el detonante de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, país que se ha negado a entregar a la exfuncionaria a la justicia nacional.
Fuentes cercanas a la residencia mexicana indican que Chávez mantiene una vida activa en redes, donde incluso muestra sus pasatiempos, mientras espera que el Gobierno peruano ceda ante la presión internacional. Por su parte, la Cancillería peruana mantiene su postura de no otorgar el beneficio de salida, argumentando que se trata de una sentencia por delitos comunes contra el orden constitucional.