La controversia vuelve a sacudir el Congreso de la República. El legislador Guido Bellido (Perú Bicentenario) defendió públicamente la posible contratación de Betssy Chávez, ex primera ministra y actualmente procesada por presuntos delitos de rebelión y conspiración. Según Bellido, la suspensión impuesta por el Parlamento en 2023 no impide que la exfuncionaria pueda trabajar como asesora parlamentaria, siempre que cumpla con los requisitos profesionales.
La polémica se desató luego de que trascendiera que el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático) evalúa integrar a Chávez en su equipo técnico. La decisión genera un nuevo enfrentamiento político, pues la medida ha sido cuestionada por varios sectores que consideran incompatible que una congresista suspendida desempeñe funciones dentro del mismo Parlamento.
¿Puede Betssy Chávez trabajar en el Congreso?
Bellido sostiene que la suspensión no implica una inhabilitación laboral. “Al incorporarse a la actividad laboral no recobra sus funciones de congresista, sino va a cumplir un tema laboral. La suspensión no le impide desarrollar sus actividades como profesional. Si cumple los requisitos, puede trabajar”, declaró en diálogo con RPP.
El legislador precisó que Chávez no asumiría funciones representativas, sino únicamente labores de asesoría en un despacho parlamentario. Además, resaltó que la exministra “cuenta con grados académicos y niveles de experiencia suficientes” para desempeñar el cargo.
Sin embargo, la postura del parlamentario contrasta con la del presidente del Congreso, José Jerí, quien afirmó que la contratación de Chávez “legalmente no procede”, dado que aún mantiene su condición de congresista suspendida. “Mientras no pierda esa condición, no puede ser contratada como asesora”, señaló.
El trasfondo judicial
La ex primera ministra enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En 2023, el Pleno del Congreso decidió suspenderla de sus funciones mientras dure la investigación por rebelión y conspiración.
Chávez recuperó su libertad la semana pasada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó su excarcelación mientras continúa el proceso. Sin embargo, su situación judicial sigue abierta, y la Fiscalía sostiene que su participación en los hechos fue clave dentro del gobierno de Castillo.
Este contexto genera un escenario complejo: ¿es ético y legal que una congresista suspendida vuelva a percibir ingresos del Estado por un trabajo dentro del mismo Parlamento?
Reacciones y división política
La posible contratación de Chávez ha generado posturas encontradas entre las bancadas. Por un lado, legisladores cercanos a Castillo y a la izquierda defienden que “nadie puede ser privado de trabajar” si cumple con los requisitos de ley. Para Bellido, prohibirle laborar sería “una forma de persecución política”.
Por otro lado, congresistas de oposición advierten que permitirle ocupar un cargo en el Legislativo sería un precedente peligroso. “Mientras esté suspendida, no debería tener ningún tipo de vínculo contractual con el Congreso”, sostuvo un vocero de Renovación Popular.
La ciudadanía también ha reaccionado en redes sociales, donde varios usuarios cuestionan que una procesada por rebelión pueda retornar a trabajar en la misma institución donde fue sancionada.
La posición del Congreso
El presidente del Parlamento, José Jerí, dejó claro que el tema podría escalar a un debate legal interno. Si bien no existe una norma explícita que prohíba a un congresista suspendido trabajar como asesor, la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso podría emitir un informe determinante.
En paralelo, algunos parlamentarios han propuesto que se establezcan reglas claras sobre la incompatibilidad de funciones en estos casos, para evitar que situaciones similares generen nuevos enfrentamientos políticos.
Un debate abierto: trabajo vs. representación
El caso de Betssy Chávez plantea una pregunta central: ¿dónde termina la suspensión y dónde empieza el derecho a trabajar? Para Bellido, se trata de dos ámbitos distintos. Según su interpretación, la sanción del Congreso “solo la priva de representar a la ciudadanía, mas no de ejercer un empleo”.
No obstante, expertos en derecho parlamentario advierten que la suspensión mantiene vigente el vínculo jurídico entre la legisladora y el Congreso, lo que haría incompatible su contratación. “Mientras conserve la condición de congresista, aunque suspendida, cualquier relación laboral con el Parlamento podría violar principios de transparencia y separación de funciones”, explican.
Lo que viene
El caso podría llegar a una instancia administrativa si se formaliza la propuesta de contratación. En ese escenario, la Mesa Directiva del Congreso y la Oficina de Recursos Humanos tendrían la última palabra.
Mientras tanto, el tema promete seguir generando debate en los próximos días, especialmente en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia el Congreso y de tensión política tras los recientes fallos judiciales vinculados al gobierno de Castillo.
