La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, por presuntas irregularidades en su actuación dentro del caso ‘Cócteles’, que involucra a Keiko Fujimori y a dirigentes de Fuerza Popular.
Según la resolución emitida por la ANC, el procedimiento tendrá un plazo de 60 días hábiles y buscará determinar si Pérez incurrió en faltas muy graves durante la formulación de la acusación fiscal. La entidad otorgó al magistrado un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos una vez notificado.
Presuntos errores en la acusación
La Autoridad Nacional de Control sostiene que el fiscal cometió errores de forma y fondo en la acusación del caso, la cual fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional (TC). Dicho tribunal consideró que la imputación carecía de sustento jurídico suficiente.
“El hecho de que el fiscal haya requerido diecinueve subsanaciones de la acusación por errores de forma y fondo evidencia que la acusación no fue razonable ni coherente, lo que pone en duda la legalidad de todo el proceso y afecta el derecho de defensa de los imputados”, señala el informe de la ANC.
El documento agrega que Pérez “incumplió su deber funcional de perseguir el delito con razonabilidad”, refiriéndose al fallo del TC que anuló el proceso contra José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular.
“Perjuicio al proceso”
La ANC también concluye que las actuaciones del fiscal habrían perjudicado el desarrollo del proceso judicial y comprometido la integridad del Ministerio Público.
“No solo han perjudicado el desarrollo del proceso, sino que han puesto en evidencia un incumplimiento grave de sus deberes funcionales y una gestión negligente de los actos procesales, lo que compromete la integridad de todo el procedimiento, así como el prestigio institucional”, señala el informe.
El procedimiento disciplinario se desarrolla en paralelo a las críticas del fiscal Rafael Vela, quien calificó la medida como una represalia por las investigaciones que el equipo Lava Jato mantiene contra la lideresa de Fuerza Popular.