Apenas pasada la Navidad, el clima electoral comenzó a calentarse. Con las listas definidas y las fórmulas presidenciales en carrera, las tachas y los primeros cruces públicos entre candidatos han irrumpido en la agenda política, anticipando una campaña marcada por la confrontación jurídica y la revisión minuciosa de los procesos internos de los partidos.
El episodio más reciente lo protagoniza Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, quien presentó una tacha solicitando la nulidad de la lista de candidatos al Senado por distrito único nacional de Fuerza Popular. El recurso cuestiona la forma en que se habría determinado la ubicación de uno de los postulantes invitados, argumentando que dicha facultad no estaría expresamente contemplada en el estatuto del partido que lidera Keiko Fujimori.
Jaico sostiene que la presidencia de Fuerza Popular puede designar candidatos, pero no definir su posición en la lista, lo que —a su juicio— vulneraría normas de la Ley de Organizaciones Políticas y resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el fujimorismo, sin embargo, se señala que la asignación de ubicaciones a los invitados forma parte del procedimiento habitual validado por la ONPE, y que la tacha carece de sustento técnico.
El abogado electoral José Manuel Villalobos advierte que el pedido podría estar mal planteado, al no quedar claro si se dirige contra un candidato específico o contra toda la lista, y considera razonable interpretar que quien tiene la facultad de designar invitados también la tiene para ordenar la nómina.
Más frentes abiertos
La ofensiva legal no se limita a Fuerza Popular. Un ciudadano, Estevens Adriano Sánchez Puertas, interpuso una tacha contra la plancha presidencial de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, alegando una vulneración a las normas de democracia interna en el proceso de elecciones primarias del partido.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha, no por el fondo del asunto, sino por la omisión del pago de la tasa electoral correspondiente, un defecto subsanable que deberá regularizarse en un plazo máximo de un día hábil. De no hacerlo, el recurso será declarado improcedente.
De prosperar una eventual tacha fundada, López Aliaga y su fórmula quedarían fuera de la contienda, aunque el fallo podría ser apelado ante el pleno del JNE. No obstante, especialistas recuerdan que la modalidad de elección interna cuestionada fue asignada por la propia ONPE y no fue impugnada en su momento, lo que podría jugar en contra del recurso.
En paralelo, el JEE de Lima Centro 1 declaró inadmisible la fórmula presidencial de Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, debido a un error formal en la firma de su declaración jurada. El partido tiene dos días para subsanar la observación; de no hacerlo, la candidatura sería declarada improcedente, repitiendo un escenario ya visto en el proceso electoral de 2021.
Una campaña que ya se libra en los jurados
Las tachas presentadas hasta ahora anticipan una campaña donde los tribunales electorales tendrán un rol protagónico. Más allá de su desenlace, estos recursos reflejan no solo la fragilidad institucional de varias organizaciones políticas, sino también una estrategia temprana de desgaste entre adversarios.
Con los jurados como primer campo de batalla, la carrera hacia el 2026 parece haber empezado antes en los expedientes que en las plazas públicas. Y todo indica que no será la última vez que la contienda se defina, al menos parcialmente, fuera del debate político tradicional.