Argentina: Milei justifica el vallado de la redacción de Télam para evitar un “conflicto físico”: “Hay 100 barrabravas”

por Diana

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –

El presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado este martes que la decisión de vallar los exteriores del edificio de la agencia de noticias pública Télam se tomó en aras de evitar un “conflicto físico”, pues entre la plantilla del medio, asegura, hay un centenar de barrabravas, nombre con el que se conoce a los ultras del fútbol en Latinoamérica.

“Se imaginan dejar abierto el edificio de Télam para que lo tomen? Con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) decidimos que íbamos a poner vallas y que no iba a entrar nadie”, ha asegurado el presidente argentino, que asegura que “los que iban a hacer lío no eran los periodistas”, sino que serían los cien barrabravas que hay entre los empleados de Télam.

Así las cosas, Milei ha recriminado que este tipo de empresas públicas son aprovechadas por la clase política para colocar a empleados afines, y ha cargado contra aquellos que “están llorando” por el cierre de la agencia, según informaciones recogidas por el diario argentino ‘Clarín’.

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Las autoridades argentinas confirmaron el lunes el cierre de la agencia Télam, una decisión que ya había adelantado días atrás el presidente Milei y que desde Buenos Aires justifican en las pérdidas estimadas de 20.000 millones de pesos que el medio iba a registrar este año.

El presidente Milei ya prometió en campaña electoral cerrar Télam, y el pasado fin de semana recalcó su promesa asegurando que la agencia oficial de argentina “ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

Télam fue fundada por Juan Domingo Perón en 1945 para contrarrestar la información que difundían las agencias extranjeras en aquella época. Esta no es la primera ocasión que se intenta disminuir la influencia de una agencia que ya a comienzos del gobierno de Mauricio Macri vio como se despidió a más de 350 empleados que más tarde fueron reincorporados por orden judicial en una maniobra que costó al Estado cientos de millones en indemnizaciones.

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