La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional N.º 469, que plantea acusar al juez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por presunta instigación al delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. La denuncia fue presentada por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y recibió el respaldo de 13 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
El informe, sustentado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), señala que Salas Arenas habría solicitado en 2017 la contratación de su exsecretario de confianza, Pavel Cárdenas, al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo. Esta contratación se concretó, según se indica, mediante una llamada telefónica. Ventura sostuvo que esta acción constituye un uso indebido del cargo para favorecer a un tercero, fuera de un proceso regular de contratación.
En su defensa, el abogado Elí Vidal alegó que el informe es parcial y se basa únicamente en la versión de Walter Ríos, quien ya ha sido condenado por corrupción. Aclaró que su defendido no renunció al antejuicio político, sino que solicitó que se respete esta prerrogativa constitucional. Además, criticó que se omitieran pruebas exculpatorias, como la declaración del propio Cárdenas, quien negó haber recibido presión.
En paralelo, la Comisión Permanente aprobó archivar la Denuncia Constitucional N.º 492 contra la presidenta Dina Boluarte, vinculada al presunto uso indebido de relojes y joyas de lujo. El congresista Alex Flores (Bloque Magisterial) cuestionó esta decisión, afirmando que los hechos eran graves y exigían investigación. Por su parte, los congresistas María Acuña (APP) y Héctor Ventura (FP) fueron designados como integrantes de la subcomisión que sustentará la acusación contra Salas Arenas ante el Pleno del Congreso.