En una medida destinada a modernizar la legislación electoral y fortalecer la transparencia en los procesos electorales, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 10993, que modifica el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859).
La iniciativa, presentada por el grupo de trabajo presidido por Arturo Alegría (Fuerza Popular), establece que las empresas encuestadoras con registro vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podrán difundir encuestas de intención de voto o simulacros de votación hasta tres días antes de la jornada electoral, reduciendo el plazo actual de siete días.
Adaptación a la realidad digital y mejora en la transparencia
El dictamen busca adecuar la normativa electoral a la dinámica actual, marcada por la expansión de las redes sociales y el acceso a la información digital, que han vuelto obsoleta la restricción de una semana para la difusión de encuestas.
Se mantiene la excepción para las encuestas a boca de urna, que podrán ser difundidas solo una vez finalizado el horario de votación.
Además, la norma refuerza la transparencia: las encuestadoras deberán acompañar sus resultados con la ficha técnica completa, que incluye datos como el nombre de la empresa, número de registro en el JNE, financiamiento, objetivos, tamaño y población de muestra, margen de error, nivel de confianza, puntos de muestreo y fecha del trabajo de campo.
Responsabilidad y sanciones para evitar fraudes
El dictamen también establece que el representante legal de la encuestadora será responsable del contenido difundido y de los informes remitidos al JNE, organismo que podrá imponer multas que van desde 10 hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en caso de incumplimiento.
Durante la sustentación, se resaltó que la prohibición vigente favorece la circulación de encuestas falsas o manipuladas, que distorsionan la voluntad ciudadana y promueven el llamado “voto útil” a favor de determinadas candidaturas.
Equilibrio entre información y neutralidad electoral
Los congresistas señalaron que la reducción del plazo busca equilibrar el derecho de los ciudadanos a recibir información actualizada y verificada con la necesidad de preservar la neutralidad y el orden del proceso electoral.
Reducir la restricción a tres días permitirá un acceso más oportuno a datos confiables, evitará la propagación de encuestas apócrifas y fortalecerá la legitimidad de los comicios.
La modificación fue valorada como un avance para la modernización del marco electoral peruano, reconociendo el rol fundamental de las tecnologías digitales en la formación de opinión pública y el ejercicio de un voto informado.