La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció oficialmente sobre el caso del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao revocara la medida de prisión preventiva en su contra y ordenara su comparecencia con restricciones. En un comunicado público, el gremio que agrupa a los gobiernos regionales del país expresó su respaldo al sistema de justicia y subrayó la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
El pronunciamiento, difundido el 2 de enero de 2026, se produce en un contexto de alta sensibilidad política y judicial, marcado por investigaciones a autoridades electas y el debate público sobre el uso de la prisión preventiva como medida coercitiva. La ANGR evitó emitir juicios sobre el fondo del proceso, pero enfatizó principios institucionales que, según señaló, deben regir toda actuación judicial en un Estado de derecho.
Respeto a la autonomía del sistema de justicia
En su comunicado, la ANGR reafirmó su “respeto irrestricto” a la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, luego de la decisión adoptada por la sala superior del Callao. El gremio remarcó que las resoluciones judiciales deben ser acatadas sin presiones externas y dentro del marco constitucional vigente.
“El respeto a la independencia de los poderes del Estado es un pilar fundamental de la democracia”, señala el pronunciamiento, en referencia a la necesidad de evitar interferencias políticas o mediáticas en procesos judiciales en curso. La ANGR sostuvo que corresponde a los órganos jurisdiccionales evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y resolver conforme a ley.
La decisión judicial revocó la prisión preventiva que pesaba sobre Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, y dispuso una medida menos gravosa, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político y en la opinión pública.
Presunción de inocencia y debido proceso
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento de la ANGR es la defensa de la presunción de inocencia, principio constitucional que establece que toda persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra. En ese sentido, el gremio recordó que las investigaciones penales deben desarrollarse con objetividad, imparcialidad y pleno respeto del debido proceso.
La ANGR advirtió que la aplicación de medidas coercitivas como la prisión preventiva debe ser excepcional, debidamente motivada y sustentada en criterios de necesidad y proporcionalidad. Según el comunicado, el uso indiscriminado de esta medida puede generar impactos negativos no solo en los derechos fundamentales de las personas investigadas, sino también en la institucionalidad democrática y en la imagen de las autoridades elegidas por voto popular.
Este enfoque se alinea con reiteradas observaciones de organismos nacionales e internacionales sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema penal peruano.
Impacto político e institucional del caso
El caso de Ciro Castillo Rojo ha tenido un alto impacto mediático y político debido a su condición de autoridad regional electa. Para la ANGR, este tipo de procesos exige un tratamiento especialmente cuidadoso por parte de las instituciones del sistema de justicia, a fin de evitar que las decisiones judiciales sean interpretadas como actos de persecución política o, por el contrario, como señales de impunidad.
En su pronunciamiento, la ANGR enfatizó que el respeto al debido proceso no debe confundirse con tolerancia frente a la corrupción. Por el contrario, señaló que solo investigaciones sólidas, transparentes y respetuosas de la ley pueden derivar en sanciones legítimas y sostenibles en el tiempo.
Compromiso con la lucha contra la corrupción
Pese a respaldar la decisión judicial y defender principios constitucionales, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales reiteró su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. El gremio exhortó a que las investigaciones en curso continúen con celeridad y transparencia, y que se esclarezcan los hechos que dieron origen al proceso contra el gobernador del Callao.
“La confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas depende de que los casos de presunta corrupción sean investigados de manera seria y sin interferencias”, señala el documento. En ese sentido, la ANGR sostuvo que el respeto al sistema de justicia implica tanto acatar sus decisiones como permitir que los procesos sigan su curso hasta una resolución definitiva.
Reacciones y contexto judicial
La revocatoria de la prisión preventiva de Ciro Castillo se suma a otros casos recientes en los que instancias superiores han optado por sustituir esta medida por comparecencia con restricciones, reavivando el debate sobre los estándares que deben aplicarse para privar de libertad a una persona sin condena.
Especialistas en derecho penal han señalado en diversas oportunidades que la prisión preventiva no puede ser utilizada como una sanción anticipada, sino como una medida excepcional para asegurar la presencia del investigado en el proceso o evitar la obstaculización de la justicia.
En ese contexto, el pronunciamiento de la ANGR busca fijar una posición institucional frente a un tema que trasciende el caso específico del gobernador del Callao y que involucra el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto.
Un llamado a la institucionalidad
Finalmente, la ANGR hizo un llamado a preservar la institucionalidad democrática y a evitar que los procesos judiciales se conviertan en escenarios de confrontación política. El gremio reiteró que el respeto a la autonomía de los jueces y fiscales, así como a los derechos fundamentales de las personas investigadas, es indispensable para fortalecer el Estado de derecho.
El caso de Ciro Castillo Rojo continuará su curso bajo la medida de comparecencia con restricciones, mientras el Ministerio Público prosigue con las investigaciones correspondientes. La resolución final quedará en manos del Poder Judicial, en un proceso que seguirá bajo la atención pública y mediática.