La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exigió una reunión urgente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante el reiterado incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la Mesa de Diálogo de Coralaque y la creciente preocupación por la grave situación ambiental que enfrenta la región Moquegua, vinculada a la contaminación de ríos por actividades mineras.
Mediante un pronunciamiento público, la ANGR expresó su preocupación por la negativa del premier a recibir a las autoridades regionales y a los representantes de la sociedad civil moqueguana, pese a la magnitud del problema y a los compromisos previamente establecidos en los espacios de diálogo promovidos por el propio Gobierno nacional.
Respaldo a la gobernadora de Moquegua
La ANGR respaldó el pronunciamiento de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, quien ha denunciado públicamente la falta de voluntad política del Ejecutivo para atender una problemática que afecta de manera directa la salud pública, el ambiente y los medios de vida de miles de ciudadanos de la región.
Según el Gobierno Regional de Moquegua, la situación de contaminación no solo se mantiene, sino que se ha agravado en los últimos meses, sin que se hayan cumplido los acuerdos orientados a la remediación ambiental, la atención sanitaria de la población expuesta ni el fortalecimiento de la fiscalización ambiental en la zona.
Impacto ambiental y social
De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades regionales, la contaminación de los ríos asociada a actividades mineras ha generado un severo impacto ambiental y social. Comunidades de pescadores, agricultores y alpaqueros han visto afectados sus medios de subsistencia debido a la degradación de los ecosistemas hídricos y de los suelos utilizados para actividades productivas.
Asimismo, se han reportado preocupantes indicadores de presencia de metales pesados en la población, lo que representa un riesgo directo para la salud de niños, adultos mayores y familias que dependen del agua de las cuencas afectadas. Para la ANGR, estos datos confirman la urgencia de una respuesta inmediata y coordinada del Ejecutivo.
Cuestionamientos al Ejecutivo
La ANGR cuestionó que, pese a la existencia de una Mesa de Diálogo formalmente instalada, los compromisos asumidos no se hayan traducido en acciones concretas ni en resultados verificables para la población afectada. En ese contexto, advirtió que la falta de atención del Gobierno central no solo agrava la crisis ambiental, sino que también debilita la confianza de las regiones en los mecanismos de diálogo promovidos por el Estado.
“Esta situación demanda respuestas inmediatas y acciones concretas del Ejecutivo, no dilaciones ni desatención”, señalaron los gobiernos regionales en su pronunciamiento, al tiempo de advertir que la ausencia de decisiones claras puede profundizar los conflictos sociales en el sur del país.
Exigen reunión con la PCM
En ese marco, la ANGR exigió una reunión urgente con la PCM, con la participación directa del premier, para revisar el estado real de los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo de Coralaque, garantizar el respeto a los espacios de concertación y adoptar medidas efectivas que protejan la salud y los derechos de la población de Moquegua.
Los gobiernos regionales recalcaron que el diálogo debe ser un instrumento serio, vinculante y respetado, y no un mecanismo meramente formal que se active sin voluntad política para cumplir los acuerdos alcanzados.
Advertencia sobre conflictividad social
La ANGR advirtió que la falta de atención a las demandas regionales solo contribuye a profundizar la conflictividad social y a deteriorar la relación entre el Estado y las comunidades afectadas por problemas ambientales. En el caso de Moquegua, recordaron que el conflicto en torno al río Coralaque se arrastra desde hace varios años y ha sido motivo de protestas y movilizaciones sociales.
Para los gobiernos regionales, la ausencia de soluciones estructurales y el incumplimiento de los compromisos asumidos incrementan el riesgo de nuevos escenarios de tensión social, con impactos negativos tanto para la gobernabilidad como para la inversión responsable.
Llamado al desarrollo sostenible
Finalmente, la ANGR reafirmó su compromiso con la defensa del desarrollo sostenible, la descentralización efectiva y el respeto a las regiones. En ese sentido, exhortó al Gobierno nacional a actuar con responsabilidad frente a una situación que, según advirtió, no admite más postergaciones.
“El respeto a las regiones y a sus autoridades es clave para fortalecer la institucionalidad y garantizar soluciones duraderas a los problemas ambientales y sociales”, subrayó la Asamblea, al insistir en la necesidad de una respuesta política inmediata desde el más alto nivel del Ejecutivo.