La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un enérgico pronunciamiento en el que demanda explicaciones públicas y documentadas al presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, José Jerí. La exigencia surge tras las denuncias sobre reuniones sostenidas por el mandatario interino con actores del sector privado fuera de los canales oficiales y sin el registro correspondiente en la agenda de Palacio.
Para el colegiado de gobernadores, este tipo de conductas de carácter “encubierto” representa una falta grave a los principios de probidad, legalidad y transparencia que deben regir el ejercicio de la alta magistratura. La ANGR subrayó que la ley debe aplicarse de manera igualitaria para todos los funcionarios, bajo la premisa de que no existen excepciones ante el cumplimiento de las normas de integridad pública.
Crisis de institucionalidad
En su comunicado, la ANGR resalta que la transparencia es el pilar fundamental para intentar recuperar la investidura presidencial, la cual consideran seriamente debilitada por prácticas que afectan la confianza ciudadana y el Estado de derecho. Los gobernadores regionales sostienen que estas acciones alimentan la inestabilidad y afectan la percepción de las instituciones democráticas.
“La ANGR considera que la transparencia es un pilar indispensable para recuperar la investidura presidencial y la confianza ciudadana, seriamente afectadas en los últimos años”, señala el documento oficial emitido este 13 de enero.
Exigencia de rendición de cuentas
El gremio regional exhortó a José Jerí a transparentar los motivos de dichos encuentros y a detallar quiénes participaron en ellos. Según la Asamblea, el resguardo de la institucionalidad del país depende de que el Poder Ejecutivo actúe con estricto apego a los marcos constitucionales, evitando cualquier sospecha de favorecimiento o gestión de intereses en las sombras.
Finalmente, los gobiernos regionales reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia y advirtieron que se mantendrán vigilantes ante cualquier actuación que se aleje de los principios legales vigentes desde el más alto nivel del Estado.