En un despliegue conjunto sin precedentes, los ministros del Interior, Carlos Malaver, y de Defensa, Walter Astudillo, llegaron este fin de semana hasta el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, para supervisar directamente las acciones que las fuerzas del orden ejecutan en la frontera con Ecuador contra la minería ilegal y otros delitos conexos.
Acompañados por la congresista Karol Paredes, ambos ministros encabezaron un operativo de inspección en la base militar-policial El Tambo, ubicada en el centro poblado Ciro Alegría, donde constataron el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas en la detección y neutralización de organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita de minerales.
¿Por qué es clave esta zona para la seguridad nacional?
Condorcanqui, un territorio enclavado en la selva del norte peruano, limita directamente con Ecuador y ha sido identificado como un punto crítico de operaciones ilegales, especialmente en zonas de difícil acceso donde los controles estatales son escasos. La minería ilegal no solo representa una amenaza ambiental, sino también un eje de financiamiento para redes criminales que operan en la zona.
“El Estado está presente y no permitirá que el crimen organizado se apodere de nuestras fronteras”, fue el mensaje central que transmitieron las autoridades durante su jornada de supervisión.
Acciones conjuntas y presencia permanente del Estado
Durante la visita, el ministro Malaver sostuvo una reunión de alto nivel con autoridades militares y policiales para revisar las estrategias de intervención en curso. Participaron el jefe de la Región Policial Amazonas, general Carlos Roque, y el comandante general de la 6.ª Brigada de Selva, general de Brigada Miguel Merino.
Entre los puntos evaluados se encuentran los planes operativos de inteligencia territorial, la detección de campamentos clandestinos y el decomiso de maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro, actividad que contamina los ríos y atenta contra la biodiversidad amazónica.
Sobrevuelo para detección de focos ilegales
Uno de los momentos clave de la jornada fue el sobrevuelo por zonas sensibles de Condorcanqui, que permitió a los ministros verificar visualmente la presencia de campamentos, dragas artesanales y maquinaria pesada empleada en la actividad minera ilegal.
El recorrido permitió identificar puntos estratégicos para nuevas intervenciones y sirvió también para enviar un mensaje a las mafias que operan en la zona: el Estado está patrullando y no cederá territorio a la ilegalidad.
Articulación con pueblos indígenas y autoridades locales
En el operativo participó también Romel Orrego, dirigente de los pueblos indígenas del Cenepa, quien destacó la importancia de mantener una coordinación intercultural en la defensa del territorio ancestral.
“Los pueblos originarios también están en riesgo por el avance de la minería ilegal. Necesitamos apoyo logístico, seguridad y protección de nuestros bosques”, señaló.
Por su parte, la congresista Karol Paredes remarcó la necesidad de asignar presupuestos específicos para reforzar la presencia del Estado en esta zona crítica, y pidió que no se baje la guardia frente a estas amenazas.
Un frente común contra el crimen organizado
El titular del Mininter reiteró que estas acciones forman parte de la política nacional de lucha frontal contra el crimen organizado, que incluye la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de armas y la tala indiscriminada.
“El combate a la minería ilegal en la Amazonía es un tema de seguridad nacional. No solo estamos perdiendo recursos naturales, sino también control sobre zonas estratégicas del país”, indicó Malaver.
Además, destacó que uno de los objetivos es desarticular a las organizaciones criminales que operan con maquinaria costosa y tecnología satelital para extraer minerales en zonas remotas, afectando de forma irreversible el ecosistema.
Compromisos y próximos pasos
Tras su paso por El Cenepa, los ministros reafirmaron que la lucha continuará con acciones permanentes, interinstitucionales y con respaldo político. También se anunció el fortalecimiento de bases policiales y militares, el envío de mayores recursos logísticos y el desarrollo de estrategias integradas con gobiernos regionales y locales.
“Vamos a elevar el nivel de intervención. No se trata de una acción aislada, sino de un trabajo sostenido para que el crimen no avance un centímetro más”, finalizó el ministro de Defensa, Walter Astudillo.