El Ejecutivo anunció un nuevo mecanismo destinado a fortalecer la respuesta frente a delitos violentos que afectan la seguridad ciudadana. Durante la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que se impulsará la creación de un subsistema de justicia especializado en la lucha contra la extorsión, el sicariato y el secuestro.
Álvarez detalló que este subsistema de justicia permitirá articular el trabajo entre la Policía Nacional del Perú (PNP), el Poder Judicial y el Ministerio Público, buscando agilizar los procesos judiciales y garantizar una respuesta rápida ante la creciente violencia en el país. Según el titular de la PCM, la intención es que este modelo genere resultados concretos en los próximos meses, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar estos delitos.
Extorsión: un delito que se ha informalizado
El premier recordó que la acción conjunta de fiscales y policías ha logrado golpear significativamente a bandas organizadas, pero alertó sobre la informalización de la extorsión, que hoy se ejerce incluso dentro de comunidades y empresas locales. “Inteligencia policial ha identificado que, en muchos casos, no se trata de bandas organizadas, sino de personas que buscan obtener dinero fácil extorsionando a su entorno”, explicó Álvarez.
El nuevo subsistema pretende que los casos de extorsión y amenazas sean atendidos con mayor rapidez por fiscales y jueces especializados, garantizando un proceso más expedito y eficiente. La medida busca reducir los tiempos de respuesta ante hechos delictivos que afectan directamente a ciudadanos y empresarios.
Sicariato y secuestro bajo coordinación interinstitucional
Además de la extorsión, el sicariato y el secuestro concentran esfuerzos dentro del subsistema. Álvarez enfatizó que la coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial permitirá acciones preventivas y operativas más efectivas, con el uso de inteligencia criminal, monitoreo territorial y análisis de patrones delictivos.
El subsistema también busca establecer protocolos claros para la investigación, persecución y sanción de estos delitos, con el objetivo de garantizar que los responsables sean procesados de manera rápida y transparente, protegiendo a las víctimas y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Estado de emergencia en Lima y Callao se extiende
La creación del subsistema judicial se enmarca en un contexto de medidas extraordinarias. El Gobierno prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia del Callao, que había entrado en vigencia el 21 de diciembre, como respuesta a la creciente criminalidad en estas zonas urbanas.
El Decreto Supremo 140-2025-PCM, publicado en el boletín oficial El Peruano, establece que durante este período la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se restringirán temporalmente ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal, siempre sobre la base de inteligencia y estadísticas criminales.
Según el Ejecutivo, estas medidas buscan asegurar que los recursos del Estado se concentren en las zonas más afectadas por delitos violentos, garantizando la intervención rápida y coordinada de todas las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana.
Una estrategia integral de seguridad ciudadana
El subsistema judicial anunciado por Ernesto Álvarez representa un esfuerzo integral del Ejecutivo por enfrentar la violencia urbana y los delitos que más preocupan a la ciudadanía. La combinación de un sistema especializado de justicia con medidas de control policial y estado de emergencia refleja la intención del Gobierno de mejorar la eficacia de las instituciones y proteger a la población frente a extorsiones, secuestros y actos de sicariato.
Especialistas en seguridad señalan que la clave para el éxito de esta iniciativa será la coordinación efectiva entre los tres niveles del sistema de justicia y la Policía, así como el uso adecuado de la inteligencia criminal y la tecnología para prevenir delitos antes de que ocurran. Asimismo, se espera que el subsistema permita un seguimiento más cercano de los casos, reduciendo la impunidad y fortaleciendo la percepción de seguridad en Lima y Callao.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca reforzar el combate contra la criminalidad de manera integral, asegurando que las decisiones judiciales y operativas respondan con rapidez y eficacia a la violencia que afecta a la sociedad peruana.