El martes 14 de mayo pasado, en horas de la mañana, el Secretario General de la Presidencia de la República, abogado Enrique Vilchez, recibió en Palacio de Gobierno la visita del Contralmirante AP (r) Javier Sotomayor de Rutté quien tenía cita con Dina Boluarte, en el contexto de más que evidentes sobresaltos y desinstitucionalización en la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, el órgano que encabeza al sistema nacional de inteligencia (SINA).
La DINI acarrea gruesos problemas estructurales: 21 jefes tras la caída del SIN en el año 2000 y durante el gobierno de la mandataria Boluarte ya van tres: el efímero Coronel EP(r) Juan Carlos Liendo (del 18 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023), el general PNP(r) Roger Arista Perea, que duró más de un año en verdadero récord de permanencia en el cargo, y el actual Contralmirante AP(r) Max García Barrionuevo.
Para la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, durante la gestión de Luis Alberto Otárola, era un secreto a voces la falta de idoneidad y pertinencia de los trabajos que recibía de la DINI. La PCM de Otárola estaba integrada por entonces por algunos asesores que eran ex analistas de esa organización de inteligencia y que detectaban muy bien las falencias y carencias de los documentos entregados por la DINI. Así la salida de Arista estaba cantada desde diciembre de 2023 y el pretexto para su despido fue el jalón de cabellos sufrido por Dina Boluarte en plena gira al interior del país.
El Poder Ejecutivo, encabezado por Gustavo Adrianzen, nada menos que ex alumno de la Escuela de Inteligencia Nacional, estaba preocupado por cómo revitalizar y potenciar el máximo organismo de inteligencia nacional. Llamó la atención ese martes 14 en PCM la presencia de Sotomayor en Palacio de Gobierno, pues había sido el número tres de la DINI durante todo el gobierno de Perú Libre con Pedro Castillo en el poder.
Cercano y amigo en tiempos pasados del polémico Mayor PNP(r) José Fernández Latorre, el jefe de inteligencia nacional de Pedro Castillo, Sotomayor asumió la jefatura de un órgano de línea clave: la Dirección de Inteligencia, D.I., teniendo como estrecho colaborador y hombre de confianza a otro castillista; el Mayor EP(r) Oscar Alvites Fernández quien manejaba una red de soplonaje interno para descubrir potenciales saboteadores de la gestión de inteligencia de Perú Libre y proceder, con sus “investigaciones”, a su cese de funciones.
Alvites sigue laborando en la DINI. Así Sotomayor realizó reiteradas purgas de personal calificado de inteligencia que venía trabajando durante años en la DINI y que no se identificaban con ningún gobierno en particular. Propulsaría en su momento otros despidos en diversas áreas de la dependencia, particularmente de civiles y personal de la Fuerza Aérea (FAP). Muchos de esos despedidos por Sotomayor, durante el año 2023, iniciaron juicios de reposición los cuales avanzaron y estarían logrando su reincorporación por la vía judicial. Aunque lo que sucede es patéticamente inaudito para un servicio de inteligencia, una reposición de personal despedido por vías no institucionales.
Sotomayor trabajó muy estrechamente durante todo el gobierno de Perú Libre en la DINI con personajes muy ligados a ese partido, y sus altas jerarquías, como el polémico general de brigada EP en retiro Gustavo Bobbio Rosas, jefe de gabinete de asesores, y el Coronel PNP (r) Abel Tarazona jefe de contrainteligencia, DICI, de la DINI, entre otros. Las evidentes operaciones de inteligencia realizadas durante esa etapa para defender y apuntalar a Pedro Castillo mostraron una torpeza descomunal. Resulta descabellado, y hasta risible, que una fuente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, que preside el congresista José Cueto Aservi, refiera que Sotomayor fue un “topo infiltrado” de la Marina de Guerra, MGP, en las entrañas de la inteligencia de la DINI de Pedro Castillo para monitorear los movimientos del gobierno.
La Comisión de Inteligencia del Congreso tiene actualmente como asesores y personal técnico no profesional acreditado a personajes como el abogado Sergio Tapia Tapia (asesor II) y Jorge Antonio Serrano Torres (Técnico), el primero alto asesor del Ministerio de Justicia fujimorista, entre 1999 y 2000, y el segundo ex agente y trabajador del SIN de Montesinos en el período 1994 2000. Tal hipótesis y afirmación parece digna de una novela de ficción y espionaje. Por otro lado el cargo de Director Ejecutivo de la DINI, es decir su número dos, sigue vacante desde el año 2015, impensado que se registren nueve años con ese cargo vacante de inteligencia. Las mismas fuentes consultadas de la PCM nos refieren que el Poder Ejecutivo solicitaría próximamente facultades delegadas para legislar sobre inteligencia, lo que descolocaría a la Comisión de Inteligencia del Congreso ya que en tres períodos legislativos (2021 – 2024) no pudo elaborar una nueva Ley Ordinaria para el sector o propulsar alguna iniciativa legislativa para dotar de estabilidad al personal de inteligencia. Así nos encontramos en un contexto de creciente inseguridad interna y externa una verdadera precariedad en el manejo del sector Interior (MININTER) y Policía (PNP).