El dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas modifica la Ley General de Minería y, según la SNMPE, debilita la seguridad jurídica del sector minero, desincentiva la minería formal y facilita la expansión de la minería informal e ilegal en el país. El gremio advierte que estas medidas afectan directamente la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos.
Plazo de operación y derechos de concesión
La norma reduce de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero, ignorando que en Perú un proyecto puede tardar hasta 40 años en completarse debido a trámites y permisos. Además, aumenta los derechos de vigencia hasta 300% y las penalidades hasta 400%, afectando la competitividad de la minería peruana frente a otros países productores como Chile, México, Canadá y Sudáfrica.
Impacto en inversiones y desarrollo
El dictamen podría generar una contracción significativa de inversiones y dificultar la puesta en marcha de proyectos por 63 mil millones de dólares. Actualmente, solo el 16% del territorio nacional está concesionado, por lo que los argumentos de “concesiones ociosas” carecen de sustento técnico, según la gremial.
Llamado al Congreso
La SNMPE exhorta al Congreso de la República a priorizar la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Mediana Minería (Ley MAPE) y a desistir de aprobar normas que dañan los sectores productivos. La gremial enfatiza que esta ley es clave para combatir la minería ilegal, proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible.