El presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que declare consentida la resolución que declaró fundada la prescripción de la denuncia por estafa que le interpuso la empresa Wayna Picchu.
El pedido se basa en que, la resolución del 24 de julio, que declara la prescripción de la denuncia que estaba a punto de entrar a juicio oral, fue debidamente notificada a las partes y ninguna interpuso apelación.
Los cuestionamientos a este fallo judicial se dan a raíz de que el sobreseimiento se declaró fundado debido a la una ley que el propio Alejandro Soto propuso que se agendara en el pleno y por el que votó a favor, pese a que se iba a beneficiar de la norma.
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El caso data del 2015, cuando el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), trabajaba como asesor en la empresa Wayna Picchu, empresa a la que vendió un terreno por US$ 265 mil, sin decir que era suyo y que lo había comprado a la comunidad de Ayarmaca Pumamarca, apenas 8 meses atrás, por solo US$ 5 mil. Lo vendió a la empresa que asesoraba a través de Juan José Durand Gonzáles, quien hizo de apoderado.
Luego de una auditoría en el año 2017, la empresa se dio cuenta de la estafa e interpuso la denuncia correspondiente. Tras un primer sobreseimiento y la posterior apelación que lo anuló, Soto y los demás denunciados se vieron beneficiados de la ley aprobada con el voto del abogado cusqueño, logrando la prescripción.