El 23 de enero, Alejandro Soto, expresidente del Congreso y actual miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar su responsabilidad en la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. La citación surge en el contexto de las investigaciones por la presunta existencia de una red de prostitución que habría operado dentro del Legislativo, una trama que pone nuevamente bajo la lupa la gestión política de uno de los principales actores del Congreso.
Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, emitió un oficio al que tuvo acceso RPP, en el que formaliza la citación de Soto para el próximo jueves 23 de enero, a las 9 a.m., en la Sala de Sesión Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. En el documento, se subraya que la convocatoria responde al marco de funciones de la Comisión, cuyo objetivo es velar por la transparencia y el control en el ejercicio del poder estatal.
La designación de Torres Saravia a un cargo clave en el Legislativo, en medio de las investigaciones por la presunta red de prostitución, ha generado gran revuelo político. Los cuestionamientos apuntan a si la designación fue un acto consciente de Soto o si, por el contrario, refleja una serie de fallas estructurales y de control dentro del Congreso.
El oficio remarca que la citación de Soto se realiza en el marco de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, subrayando la importancia de esclarecer cualquier vínculo con posibles actos de corrupción o irregularidades dentro de las instituciones del Estado.
Mientras tanto, la atención pública se concentra en el esclarecimiento de los hechos que vinculan al Legislativo con casos de corrupción y abuso de poder, situaciones que siguen empañando la imagen de las instituciones del país. La citación a Soto podría convertirse en un momento clave en el que se esclarezca la responsabilidad política de los actores involucrados, o bien, se profundicen aún más los cuestionamientos sobre las prácticas opacas que habrían permeado en los pasillos del Congreso.