El alcalde de Lima Metropolitana elevó el tono frente a las autoridades electorales. A través de un pronunciamiento público, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, medida que —según sostuvo— afecta directamente el derecho al sufragio de un amplio sector de la ciudadanía.
La controversia se instala en un momento sensible del proceso electoral y abre un nuevo frente de tensión entre autoridades locales y organismos del sistema electoral.
Cuestionamiento por exclusión de electores
El burgomaestre advirtió que la decisión del JNE dejaría fuera del proceso a cerca de un millón de votantes en Lima, lo que —a su juicio— constituye una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
“El derecho al voto es un pilar esencial del orden democrático”, señala el pronunciamiento, en el que se insiste en que la exclusión de ciudadanos compromete la legitimidad del proceso electoral.
La pregunta que surge es directa: ¿puede considerarse válido un proceso en el que una parte significativa de la población no logra ejercer su derecho al sufragio?
Denuncian irregularidades en el proceso electoral
El alcalde también puso sobre la mesa una serie de presuntas irregularidades detectadas durante la jornada electoral.
Entre ellas mencionó la demora en la instalación de mesas, la ausencia de material electoral, mesas que no llegaron a abrir y la supuesta desaparición de actas tanto en Lima como en el extranjero.
Además, cuestionó la incorporación tardía de actas electorales, lo que, según indicó, afecta la transparencia y la confianza en el sistema.
Pedido de auditoría al sistema de la ONPE
Ante este escenario, la autoridad edil solicitó la realización de una auditoría al software y al sistema de cómputo de la ONPE, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
¿Por qué es clave este pedido? Porque apunta directamente al núcleo del proceso electoral: la contabilización y validación de los votos.
El pronunciamiento advierte que, independientemente de si las fallas fueron intencionales o no, estas afectan principios básicos como la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
Debate constitucional sobre el derecho al voto
El alcalde también planteó un cuestionamiento de fondo: si existe alguna norma que pueda estar por encima de la Constitución para limitar el ejercicio del derecho al sufragio.
En ese sentido, invocó el principio de supremacía constitucional y pidió que el JNE reconsidere su decisión.
Asimismo, recordó precedentes como la ampliación de la jornada electoral en procesos anteriores, lo que, según su posición, demuestra que sí existen mecanismos para garantizar la participación ciudadana.
Advertencia de acciones ante el Tribunal Constitucional
El pronunciamiento no se quedó en el plano político. El alcalde advirtió que, de mantenerse la decisión del JNE, se recurrirá al Tribunal Constitucional mediante acciones legales.
El objetivo será restituir el ejercicio pleno del derecho al voto de los ciudadanos afectados.
Este anuncio eleva el conflicto a un escenario jurídico que podría marcar un precedente en materia electoral.
Llamado a resguardar la democracia
Finalmente, la autoridad hizo un llamado a las instituciones del Estado, actores políticos y ciudadanos a defender el orden constitucional y los derechos fundamentales.
“La defensa del voto no es solo jurídica, es un imperativo democrático”, remarca el documento.
El mensaje es claro: la disputa no solo gira en torno a una decisión electoral, sino a la legitimidad del proceso y la confianza en las instituciones.
En un contexto de cuestionamientos, la pregunta queda abierta: ¿reconsiderará el JNE su decisión o el caso escalará al Tribunal Constitucional?