El futuro del indulto de Alberto Fujimori se juega en tres canchas: la humana y compasiva, la jurídica y la política. Sobre la primera, el 52% que aprueba el indulto de Alberto Fujimori según la última encuesta de Ipsos es un buen punto para comenzar a interpretar un tema delicado y complejo. Ya es muy difícil decir que el anciano de 85 años que salió del penal de Barbadillo goza de una espléndida salud y le sigue metiendo la yuca a todo el mundo.
Si bien el 43% desaprueba el indulto, apenas el 12% de la población participaría en marchas. Un total de 73% no participaría, sea porque está de acuerdo con el indulto o por otras razones. No hay que ser un visionario para entender que, además del paso natural del tiempo, la baja de defensas del antifujimorismo está relacionada con el agotamiento de la izquierda y el progresismo en el país, muy golpeados con la desastrosa experiencia del gobierno de Pedro Castillo. Más allá de todos sus errores, la raquítica aceptación del gobierno de Dina Boluarte todavía tiene correspondencia con la resaca de la fiesta patronal chotana. Lo de ahora puede ser un mal gobierno, pero no es una emergencia nacional como lo fueron los años 21 y 22.
Ese 52%, por otro lado, se trata de un porcentaje sorprendentemente estable, similar al de años anteriores como 2017 y 2018. Años atrás llegó a ser más. Una muestra de CPI en octubre de 2012 arrojó que el 70% de encuestados se mostraba de acuerdo con que el entonces presidente Ollanta Humala indultara a Fujimori, que por entonces llevaba apenas cinco años de su pena cumplida. Poco menos de un año atrás, en julio de 2011, ese porcentaje a nivel nacional fue de 57%. La buena imagen del indulto, sin embargo, iba acompañada del entendimiento de que la gracia presidencial “dividiría más a la opinión pública” (56%, frente al 34% que consideraba que contribuiría a la reconciliación).
Humala, como se recuerda, negó eventualmente el indulto en junio de 2013. Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, propuso el indulto desde que fue candidato dos años atrás. Y lo volvió a hacer en la elección de 2016, que finalmente ganó. La oportunidad del indulto fue cuestionada incluso en las posteriores resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero está claro que fue una propuesta ampliamente anunciada por Kuczynski.
EL FRENTE JURÍDICO
En lo jurídico, quien finalmente deberá responder ante el Sistema Interamericano por el cumplimiento del indulto, es el Estado peruano. Allí no le va tan bien. Aunque el Perú ha omitido tipificar en su legislación los crímenes de lesa humanidad, a pesar de que firmó el Estatuto de Roma en 2001, este no es un tema de discusión en el sistema internacional. La sentencia de César San Martín menciona los crímenes de lesa humanidad de manera referencial, y así basta. En sus resoluciones sobre el caso Fujimori, la Corte IDH ha calificado los casos de Barrios Altos y La Cantuta como “crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”.
En la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018, en respuesta al indulto, la Corte advirtió que “existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo”. Todo esto, sin embargo, no imposibilita que se otorgue un indulto. Lo que la Corte cuestiona es que se haya dado en estas determinadas circunstancias.
Entrevistado por el medio argentino Página 12, el presidente del tribunal, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, sostuvo sobre el caso Fujimori que “la Corte IDH señala que, en este tipo de casos de graves violaciones a los derechos humanos, hay que buscar fórmulas que puedan por una parte preservar la salud de la persona, y por otra parte considerar la naturaleza de los delitos que se han cometido”. Concluyó que “la Corte en esa resolución deja abierta la posibilidad de que obviamente, si hay situaciones del punto de vista de la salud que ameriten y se dan otra serie de requisitos, Perú en su fuero interno resolverá qué hacer con este caso”.
En su reciente resolución de restitución del indulto, el Tribunal Constitucional advierte que “es evidente la gravedad de los delitos por los que fue condenado el favorecido y que a ellos corresponde una pena elevada, por involucrar la vulneración de derechos humanos, es decir, afectar a la persona, cuya defensa y respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, resulta especialmente reprochable que tales crímenes se hayan imputado a quien, como jefe del Estado, personifica a la Nación, por el descrédito que ello puede acarrear a las instituciones que conforman nuestro Estado social y democrático de derecho”.
Así, resulta temerario que el abogado de Fujimori, Elio Riera, declare en el programa de Milagros Leiva que su defendido no tiene por qué pedir perdón por los crímenes por los que fue sentenciado. Fujimori protegió sistemáticamente a los miembros del Grupo Colina, que asesinaron alrededor de 40 personas sobre todo en 1992, y cuyos actos no sirvieron de nada para descabezar a la cúpula senderista ese mismo año. Vladimiro Montesinos pudo ser el líder de facto de Colina, pero Fujimori, que era el jefe de Estado, impulsó una política de impunidad con el escuadrón de la muerte, que se extendió hasta muy poco antes de su salida del poder en el año 2000.
Cuando fue indultado en 2017, Fujimori se encontraba en una unidad de cuidados intensivos y desde allí grabó un vídeo en el que reconoció “que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón». Aunque no parezca a primera vista, este es un pésimo momento para que su defensa legal descarte la posibilidad de un pedido de perdón sincero y medianamente satisfactorio. La Corte IDH lo ha establecido como uno de sus estándares centrales para la expedición de medidas como el indulto, así como la determinación del estado de salud por parte de un grupo autónomo de profesionales, y este partido está lejos de terminar. La pelea del magistrado Manuel Monteagudo en el TC, que exige la nulidad del fallo que repone el indulto, así lo adelanta.
EL FRENTE POLÍTICO
Toda decisión jurídica de trascendencia tiene su correlato político, y esta no es la excepción. La llegada de Javier Milei al poder en la Argentina signa un momento en el cual los gobiernos de izquierda pierden peso y presencia. En Chile están a punto de votar por quedarse con la Constitución de Pinochet, Lula encabeza un gobierno más de centro que de izquierda y países como Ecuador siguen en la diestra. El desgaste del colombiano Gustavo Petro es acelerado y en este balance no es descabellado que el gobierno peruano pretenda sacar la pelota de la Corte IDH y pasarla al pleno de la OEA, donde la correlación de fuerzas no daría para tomar el caso como una causa continental.
Otra cosa ocurre con la interna. Cuando PPK indultó a Fujimori y Humala estaba con prisión preventiva, Otárola trinó que Ollanta “tuvo entereza democrática y valentía para DENEGAR indulto a Fujimori. Hoy se queda en el penal de Barbadillo mientras dictador condenado sale a la calle indultado”. Ahora el actual primer ministro dice que no les queda otra que cumplir la decisión del TC. En realidad, como Estado podían haber abierto el debate de allanarse al fuero interno o al internacional, y escogieron rápidamente lo primero. Esta decisión abona a la tesis del intercambio navideño de regalos entre el Ejecutivo y Fuerza Popular: la cabeza de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides por la defensa del indulto en el frente externo.
FARRA FISCAL
A pesar de los indicios que incluyen el diálogo donde la interlocutora de Jaime Villanueva comparte un trino de Martha Moyano, la congresista fujimorista ha negado ser el agente “Roberto”, el congresista que le entregó al equipo de la fiscal Marita Barreto los “pantallazos” con los diálogos que comprometen al ex colaborador principal de Benavides, que denotan otro presunto trueque de favores: inhabilitar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos a cambio del archivamiento de las investigaciones contra los congresistas “Niños”.
Aquí la cosa se pone cada vez más fea. Benavides dijo que no pudo haber negociado de votos porque, en un informe, el Eficcop de Barreto concluyó que no había razones para abrir investigación a los parlamentarios. Es decir, quien la acusa de negociar votos fue la que determinó que no había anzuelo para que muerdan los niños. Barreto respondió en RPP que “es totalmente falso” que su equipo remitiera un informe que exculpaba a los niños”, pues a quien le correspondía hacer los actos de investigación con personajes aforados, como los congresistas, era a Benavides, que no realizó “un solo acto de investigación al respecto”.
La congresista Lady Camones terció en el duelo para declarar que el coronel PNP Harvey Colchado, líder de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y yunta de Barreto, le dio acceso a la carpeta fiscal fechada el 5 de diciembre de 2022 en la que Barreto le pedía a Benavides la detención preliminar de seis “niños”. Difícil que Camones se lance a la piscina con esa información si es que no es cierta. Y, de confirmarse, alguien no estaría diciendo toda la verdad. Barreto fue repuesta por Pablo Sánchez en su breve interregno como fiscal de la nación provisional, antes de ser relevado por Juan Carlos Villena.
Mientras tanto, el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, abre su defensa por los flancos jurídico y político. En el primer caso, hay dos amparos en curso en juzgados constitucionales para reponer a Benavides como fiscal de la Nación tras su suspensión de seis meses por parte de la Junta Nacional de Justicia. Por otro lado, el ex primer ministro lanza varias cáscaras de plátano a la argumentación contraria: ¿por qué al menos 28 congresistas supuestamente “ajustados” no votaron por la inhabilitación de Ávalos? ¿Qué elemento hace pensar que Josué Gutiérrez era el candidato de Benavides a la Defensoría? ¿Y por qué sí sería cierto lo que dice Villanueva sobre su ex jefa y no la alusión que hace sobre la “bajada de dedo” que el periodista Gustavo Gorriti le hizo supuestamente a Villena cuando no accedió a firmar un pronunciamiento a favor de Ávalos?
En este ambiente inflamable, la motivación del gobierno para empujar la salida de Benavides está en las investigaciones por los muertos en las protestas y las contrataciones de las amigas del premier. De hecho, Del Castillo le recordó a Benavides los consejos de Sun Tzu para ganar las batallas con inteligencia. Un poco tarde. El propio Otárola acusó públicamente a Villanueva de filtrar sus carpetas fiscales al programa Panorama. En tales circunstancias, “Roberto” se habría acercado al gobierno con sus pantallazos. Según la vicepresidenta del TC, conocieron el caso Fujimori en agosto último. En mayo del 22 el Congreso eligió por mayoría a los seis nuevos magistrados del TC, en lo que fue la primera expresión del entendimiento de Fuerza Popular con Perú Libre.
Este cuento navideño no ha terminado, pero amenaza con dejar a los peruanos viendo de nuevo estrellas a fin de año. Y no son de Belén.
